Hay 2.300 deudores de pensiones de alimentos con una deuda de casi 2.500 millones de pesos

A poco más de un año de funcionamiento, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos da cuenta que en la región hay 2.314 personas morosas, de las cuales el 95% son hombres.

El 19 de noviembre de 2022 entró en vigencia la Ley 21.389, que creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modificó los diferentes cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de las pensiones de alimentos en Chile. Seis meses más tarde entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos (21.484).

Ambas normas en conjunto crearon nuevas herramientas institucionales para el pago efectivo de pensiones.

En la región, son más de 3 mil niños que se ven afectados por esta deuda que en total suma 2.449.366.900 pesos.

Para ingresar al Registro, debe existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales deben evaluar los antecedentes. 

Los alimentarios deben solicitar al Tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante. Si éste tiene una deuda de tres meses continuos y/o cinco discontinuos y no hace el pago una vez realizada la liquidación, el Tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación, para que éste inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de Deudores.

Este mecanismo es un sistema electrónico remoto, gratuito e inmediato, y puede ser consultado por cualquier persona o institución que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.

Dentro de las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran: la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir y/o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas.