Fiscalía formalizará a tres personas por estafa, fraude de subvenciones y falsificación por el lío de las viviendas de villa Pudeto II

• Se pagó a la constructora más dinero del que realmente debió haberse consignado. 

Dos años y dos meses después de la presentación de la querella criminal por estafa y otros delitos debieron transcurrir para que la Fiscalía de Punta Arenas determinara que hay méritos para la formalización judicial del propietario de la Constructora Alcarraz y de otras dos personas, en el contexto del escándalo que generó la paralización de las obras de construcción de la villa Pudeto II, en prolongación Enrique Abello, y a la posterior quiebra de la empresa a cargo del proyecto.

La petición formulada por el fiscal Sebastián González, apunta a la formalización de cargos en contra de Jaime Patricio Alcarraz Ulloa, propietario de la constructora, domiciliado en la ciudad de Valdivia; de José Miguel Matamala Pezo, inspector técnico del contrato, y de Luis Vidal Bendix, ex presidente de la Agrupación de Viviendas Villa Pudeto, estos últimos domiciliados en Punta Arenas. Esto, por la responsabilidad que les cabe como autores del delito de estafa, fraude de subvenciones, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, todos delitos cometidos en esta ciudad entre el 5 de octubre de 2017 y 9 de noviembre de 2018.

El abandono físico y financiero de las obras de construcción por parte de Alcarraz, datan de enero de 2019, tras lo cual una asesoría técnica encargada para analizar los contratos a suma alzada, pudo establecer que el avance real del contrato corresponde a un 62% del valor total, lo que equivale a $3.750.417.393, versus el valor cancelado acumulado a la fecha y que corresponde a $5.395.387.715 del valor del contrato, lo que equivale a un 89,08%. Esto significa que se pagó un 27,08% de más, lo que equivale a $1.645.270.322.

Con fecha 10 de junio de 2015 se constituye la “Agrupación de Vivienda Villa Pudeto”, inscrita en el registro de organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales de la secretaría municipal de la Municipalidad de Punta Arenas, bajo el N°1900. Se trata de una entidad autónoma, privada y con personalidad jurídica, creada con la finalidad de ayudar a sus miembros, personal activo del Ejército o en retiro como personal civil a contrata, a conseguir la vivienda propia, representándolos ante organismos públicos y privados, y en especial con el Comando de Bienestar del Ejército, en particular con su dependiente la Jefatura de Ahorro para la vivienda del Ejército (Jave), para así facilitar la intermediación con el objeto de obtener el financiamiento de las viviendas.

El precio pactado, al ser un contrato a suma alzada, se estableció en un monto fijo sin reajustes, por un valor total de $6.056.777.565, Iva incluido. Para realizar el pago del precio el contratista se obligó a presentar estados de pago de acuerdo con el estado de avance físico de la obra, los que se encontraban sujetos a la fiscalización de la inspección técnica de obras (Ito) y del presidente de la agrupación, y una vez aprobados eran enviados a la Jefatura de Ahorro del Ejército, quien tenía un plazo de 30 días hábiles desde la fecha de emisión de la factura para realizar el pago.

Como se detalla en las conclusiones de la inspección técnica de obras, “ésta advirtió errores matemáticos en el cálculo de los valores asignados a los diferentes ítems de la construcción. Este cálculo matemático lo aplicó a todas  las partidas del presupuesto, las que arrojaron incongruencias que no fueron alertadas por ninguno de los entes fiscalizadores del contrato, evidenciando que desde un comienzo existieron maniobras por parte de los representantes de la empresa constructora para alterar los documentos que serían objeto del contrato”.

Querellantes

El 28 de octubre de 2021, se querellaron 109 víctimas, y el 27 de febrero pasado lo hicieron otros cuatro propietarios, quienes acusan a la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército de cursar pagos a la empresa Alcarraz, en exceso de lo que correspondía realmente pagar, generando un perjuicio patrimonial global para los miembros de la Agrupación Villa Pudeto, ascendente en total a $2.131.112.873, viéndose directamente perjudicados los 136 asociados de la Agrupación de Vivienda Villa Pudeto, quienes han debido soportar mayores descuentos de los presupuestados, en sus respectivas planillas de sueldo.

La solicitud de audiencia formulada por el fiscal Sebastián González fue fijada para hoy 7 de marzo, a las 12,30 horas, procedimiento que se verificará bajo la modalidad de videoconferencia. En todo caso, el exhorto con la citación respectiva del contratista Jaime Alcarraz para su notificación en la ciudad de Valdivia, fue devuelto sin resultado, luego de que el receptor judicial informara que en su domicilio fijado no atendió nadie, ya que según dan cuenta los vecinos, ya no viviría ahí.