Tribunal ordena la detención de dueño de constructora Alcarraz por no comparecer a audiencia

• 114 familias se ven afectadas por defraudación de 2 mil millones en caso villa Pudeto II.

Por hechos que se remontan a octubre de 2017 y hasta el 9 de noviembre de 2018, se formalizó este jueves a José Matamala Pezo y a Luis Vidal Bendix, quienes ocupaban los cargos de inspector técnico del contrato y presidente de la Agrupación de Viviendas Villa Pudeto respectivamente. Se les imputaron los delitos reiterados de falsificación de instrumento privado y de uso malicioso de instrumento privado falso y fraude de subvenciones, perjudicando hasta ahora a 114 familias que se han querellado, de un total de 136 asociados a la agrupación, por perjuicios que se elevan a $2.131.112.873. Jaime Alcarraz Ulloa, propietario de la constructora Alcarraz, tras no comparecer a  la audiencia, se despachó una orden de detención en su contra.

La base de todas las irregularidades, expuso el fiscal Sebastián González, radica en que “Constructora Alcarraz, a fin de cobrar en exceso por sus trabajos, abultó el costo directo cobrados en cada uno de los estados de pago forzados y visados por los coimputados Matamala Pezo y Vidal Bendix, a fin de fundamentar los elevados montos de costo directo, falseó a su vez los estados de avance físico de la obra, tanto del aspecto de la construcción como del urbanismo”.

La Agrupación de Viviendas Villa Pudeto tenía por objetivo ayudar a personal activo o en retiro del Ejército a conseguir viviendas propias. Los trabajos fueron encomendados a la Constructora Alcarraz, que emitió falsos informes de avance para obtener montos más elevados del contrato y abandonaron física y financieramente las obras en 2019, dejando a las familias con el proyecto a medias, luego de haber abonado grandes sumas de dinero. Los trabajos fueron terminados en agosto del año pasado, luego de que la empresa Salfa retomara las faenas.

Por tales motivos se formalizó la investigación en contra de los imputados ya mencionados, fijando un plazo de 180 días para avanzar en las próximas diligencias, entre las que se evaluará el perjuicio que han sufrido las familias, quienes han tenido que además invertir más dinero para poder terminar sus casas y que el proyecto no quede tirado. Durante este tiempo, Matamala Pezo y Vidal Bendix quedaron con la medida de arraigo regional y firma mensual, a fin de asegurar su comparecencia para próximas etapas judiciales.

“Estas obras fueron abandonadas por la empresa Alcarraz, que es la constructora encargada de realizarlas y se habrían percibido pagos en exceso respecto del estado de avance justamente de las obras reales. Se habrían pagado cerca de 2 mil millones de pesos en exceso con fondos que primero salen del Comando de Bienestar del Ejército, pero que después repercute en las 114 familias, que son parte de la agrupación y que se les descuenta mensualmente el dividendo de la construcción de las casas”, indicó el fiscal González

Caso distinto fue el de Jaime Patricio Alcarraz Ulloa, dueño de la empresa que lleva su apellido por nombre, quien no se presentó a la audiencia. Se indicó que efectivos de la Policía de Investigaciones habrían intentado contactarlo en distintas ocasiones, sin resultado positivo, aunque por otras fuentes Alcarraz estaba enterado de que era buscado. Por dichos motivos, agregando que tiene otras causas similares pendientes en Coyhaique y Arica, se despachó una orden de detención para lograr su formalización. El Ministerio Público adelantó que para este imputado se pedirá la cautelar más gravosa, consistente en la prisión preventiva mientras dure la investigación.