Todo es tan claro…¿o no?

A propósito de las situaciones relacionadas con la seguridad pública y las grabaciones de un famoso abogado asesor y litigante en materias penales se han emitido una serie de juicios y solicitado una serie de medidas respecto de las cuales existe un consenso evidente, pues no he conocido opiniones en contrario.

Lo anterior pareciera dar cuenta que existe una uniformidad de criterio en toda la sociedad chilena, pero, como abogado de profesión no puedo evitar pensar en alternativas o soluciones distintas, cuestión que va de la mano con una necesidad ineludible y permanente de practicar el libre pensamiento como herramienta insustituible de la libertad.

El primer consenso social, pareciera que está relacionado con la necesidad de otorgar atribuciones a las Fuerzas Armadas entiendo que, al Ejército, para cumplir funciones de seguridad pública en atención a la crisis de seguridad de que nuestra sociedad es víctima. Al respecto no puedo evitar pensar que el fenómeno de la criminalidad nunca se ha solucionado de esta forma, incluso en lugares que pareciera han tenido éxito con estas medidas, pues normalmente estas van de la mano con una restricción de otras libertades y, especialmente la de prensa, pues este mega propósito de controlar la delincuencia exige muchos sacrificios y tarde o temprano ese sacrifico se hace cargo de las libertades personales de todos y de la prensa para que no atente, por medio de la información, con el sagrado propósito de contar con seguridad; por lo demás, es preciso indicar que partimos de la base que las Fuerzas Armadas son dirigidas por gente honesta y su actuar será correcto
nuestra historia reciente y antigua ha demostrado lo contrario, de muestra un botón: el fraude en el Ejército en virtud del cual se han robado miles de millones de pesos, cuestión que me hace dudar de la probidad y honestidad para cumplir una tarea tan delicada como mantener a raya a los delincuentes y, los excesos cometidos respecto de los civiles cada vez que las Fuerzas Armadas salen a la calle. Así las cosas, no veo que esta sea la mejor solución y sigo pensando que, si este país está constituido en su gran mayoría por gente honesta, son otros los caminos por los que debe transitar la solución a este problema. 

En cuanto al abogado y colega Hermosilla se ha cuestionado el dinero percibido por asesorías y la necesidad de revelar todas sus conversaciones negándole valor al secreto profesional. Lo uno y lo otro me parece destemplado y excesivo. Por una parte, se habla de una cifra millonaria en asesorías que, si mensualizó en los años que duró, dan una cifra bastante inferior a lo que ganan una serie de profesionales de primera línea en este país, desconociendo que el valor de un profesional de excelencia, sin entrar a discurrir en su conducta ética por ahora, tiene un valor alto en esta sociedad que todos aceptamos en su consumo y libre mercado. Por otra parte, se ha señalado que no existe secreto profesional respecto del abogado que deba resguardarse, dando carta blanca para la revisión de todos sus mensajes y conversaciones, posición que tampoco comparto, pues esto no se trata del secreto profesional del abogado, sino que del derecho de cualquier persona a que los problemas que le planteó a un abogado no sean divulgados pues es su derecho a la confidencialidad. Cosa distinta es que el abogado partícipe en delitos, pero si ello es tan evidente no son las conversaciones telefónicas las que lo acreditan y, por tanto, son pruebas o antecedentes innecesarios.