La Ley del Royalty, un caso de éxito que favorece a las regiones

Ministro de Hacienda,
Mario Marcel

Ayer y fruto del acuerdo alcanzado en el marco de la Ley de Royalty en mayo de 2023, que adelantó recursos a través del Fondo Puente, el gobierno transfirió $94.000 millones a 307 comunas del país: $23.000 millones a 43 comunas mineras, para compensar las externalidades de la minería; y $71.000 millones a las 300 comunas con menos recursos. Estos montos beneficiarán a partir de este año a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos, y al 89% de los municipios del país. Los aportes son muy significativos. Por ejemplo, Porvenir recibe casi $140 millones y el próximo año los montos se duplicarán.

Estos aportes son uno entre muchos beneficios que acarreó el royalty. Su aprobación en el Congreso resolvió una larga discusión sobre la tributación de la minería. Por años, y con justa razón, muchos consideraban que era necesario elevar la participación del Estado en las rentas del cobre para ir en beneficio de la ciudadanía. Otros ponían el acento, también con justa razón, en preservar los incentivos a la inversión.

Tras mucho diálogo impulsado por el gobierno con los partidos políticos, el sector privado, académicos, las comunidades locales y la ciudadanía en general, logramos ponernos de acuerdo en una fórmula que permitió armonizar ambos anhelos mediante una forma novedosa de resolver el problema de la carga tributaria, estableciendo un techo global que otorgó certeza a la inversión.

Además de los aportes a los municipios, el royalty permitió la creación del Fondo para la Productividad y el Desarrollo, de beneficio de los gobiernos regionales. En total, desde el 2025 se realizarán aportes por US$450 millones para las comunas y regiones. Otro, US$900 millones irán a las arcas fiscales para, principalmente, reforzar el financiamiento en seguridad pública.

Con estos recursos, en una región como Antofagasta, por mencionar un ejemplo de comuna minera, en Calama se podrá construir un centro de rehabilitación de drogas.

La aprobación del royalty permitió despejar la incertidumbre elevando la inversión minera. De hecho, la inversión privada a 2027 alcanzará más de US$21.000 millones, en circunstancias que antes de esta Ley los proyectos en carpeta en el mismo periodo eran apenas un tercio de ese monto.

Asimismo, acordamos constituir una mesa de trabajo entre el Estado y los privados donde se identificaron 20 medidas para reducir en un tercio los tiempos de tramitación de permisos para proyectos mineros, agenda que está en plena fase de implementación.

La Ley de Royalty fue fruto de un acuerdo amplio. Como ocurre usualmente, todos tuvimos que ceder. Probablemente la industria hubiera deseado una carga tributaria algo más baja, y el gobierno inicialmente buscaba una recaudación un poco mayor. Los hechos demuestran que cuando todos flexibilizamos en pos de un objetivo mayor, los resultados benefician a todo el país.