“No tenemos antecedentes de organizaciones criminales como el Tren de Aragua en la región”
Hace poco más de un año, el miércoles 11 de enero de 2023, que Luis Cordero Vega está al mando de una de las carteras más complejas dada la contingencia social: Justicia y Derechos Humanos. En el año en que se conmemoraron 50 años del golpe militar, la agenda de derechos humanos fue clave, con la presentación de 53 querellas para investigar desapariciones durante la dictadura. En paralelo, tuvo que abordar una situación penitenciaria compleja, producto de un aumento significativo en las cárceles. Le sobrevino la situación de los indultos presidenciales y ha tenido que tomar la vocería para casos polémicos como el de convenios o, actualmente, el caso audios del abogado Hermosilla.
En entrevista con El Magallanes, el ministro Cordero abordó la situación del crimen organizado en la región, las investigaciones de cohecho en el sistema judicial regional, así como la seguridad y prevención para regiones extremas o más aisladas y las tomas ilegales, una situación que en la capital se desbordó y que en Magallanes ha tenido un fuerte aumento en sectores periurbanos.
Crimen organizado
– ¿Cómo ven desde el gobierno la situación del crimen organizado en la región?
– “La situación de organizaciones criminales es una situación que ha sido relativamente disruptiva en el país desde el punto de vista de los tipos de delitos y cuáles se cometen. Por ejemplo, cuando uno mira la cifra en relación a la Región de Magallanes, uno podría decir que su cifra no se compadece con la del resto del país. Sin embargo, es evidente que los impactos del funcionamiento de organizaciones criminales están muy vinculados a las trayectorias que las comunidades locales tenían en el fondo.
“Lo que yo quiero decir con esto es que no es justo, por ejemplo, comparar los datos de Magallanes con los del resto del país y decir: “No, miren, en Magallanes hay algunos delitos que producen gran impacto público”. La situación de organizaciones criminales en Magallanes ha sido reconocida por el propio fiscal Felipe Aguirre, del Ministerio Público (…) Hay bandas criminales que pueden estar vinculadas a algunos delitos, por cierto, robos, pero sobre todo los temas de contrabando y tráfico de drogas y abigeatos. Y eso sí tiene un impacto en la comunidad y, por lo tanto, la sensación correcta de que hay determinado tipo de crimen que puede estar aumentando o generando un protagonismo que, en esa región, por cierto, antes no existía”.
– ¿Qué medidas están llevando a cabo para que esto no escale al nivel que se ve en otras regiones del país?
– “Lo que pasa es que Magallanes es una región que, además, permite un trabajo, dadas las características, el tipo de delito y el trabajo relativamente integrado que tienen las agencias, las organizaciones administrativas, un trabajo mucho más integrado y más eficaz. Es un poco lo que uno revela cuando uno analiza, por ejemplo, la operación Alianza Austral, que implicó el trabajo conjunto del Ministerio Público, la PDI y también de lo que implica abordar las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales suelen ser transnacionales. También en ese caso se pudo desbaratar una banda que en esa operación operaba también desde Argentina en materia de tráfico de drogas y contrabando en general.
“El crimen organizado para que funcione habitualmente es un tipo de estructura criminal que es transnacional, que funciona en red y, por lo tanto, para que usted la pueda combatir requiere Estados que funcionen colaborativamente y un Estado a su vez que la investigue, la enfrente y la persiga en red. Por eso el caso de la operación Alianza Austral de fines del año 2023 es tan significativa en esos términos, porque muestra estas dos dimensiones para abordar eficazmente la lucha contra el crimen organizado. Operación transnacional y persecución penal en red”.
– ¿Se ha identificado la presencia del Tren de Aragua en Magallanes?
– “Nosotros no tenemos antecedentes de organizaciones criminales de esas características, por lo menos desde el Ministerio de Justicia en la Región de Magallanes. La información habitualmente es una información que en propiedad la puede entregar el Ministerio Público, pero el Ejecutivo no tiene información de ese tipo de organizaciones criminales funcionando en la Región de Magallanes. Sin perjuicio de otro tipo de organizaciones que más bien funcionan fronterizamente, pero de esas organizaciones en particular el Ejecutivo no tiene conocimiento, no tiene antecedentes que así esté operando, ni tampoco ha recibido antecedentes del Ministerio Público en ese sentido”.
Corrupción en sistema judicial de Natales
– ¿Cómo se puede prevenir de nuevos casos de corrupción al interior del Poder Judicial?
– “Yo diría que son los casos del ex defensor de Natales, el caso del ex fiscal jefe de Puerto Natales, el primero el que está vinculado a una figura de cohecho porque el ejecutivo exigía pagos a quienes atendían, y el segundo porque entregó información a personas que estaban siendo investigadas. Lo que pasa en un contexto que es en la misma ciudad, en este segundo caso lo que tenemos una investigación en curso, lo que en verdad revela es más que el Poder Judicial es el sistema de justicia. Y eso es más complicado todavía porque son los distintos actores del sistema de justicia criminal que podrían estar involucrados y que podrían dar cuenta más bien de prácticas que se toleran.
“Por qué sucede en ese lugar es algo que uno debería analizar con más profundidad, pero uno de los problemas a los que uno podría encontrarse es que hay riesgo de corrupción porque son comunidades pequeñas donde no hay rotación probablemente para evitar este tipo de controversia. Habitualmente lo que uno tiene son políticas de rotación de personal para evitar arraigo en comunidades legales que están asociadas a la persecución del crimen, que sean muy pequeñas. Porque no sólo se dan relaciones sociales medias inevitables, sino que además se van generando niveles de tolerancia que no son admisibles en prácticas que en rigor por un tercero externo son evidentemente delitos.
“Esto exige de parte de las instituciones separadas, tanto de la Defensoría, el Ministerio Público y el Poder Judicial tratamientos distintos. La situación de Natales es bien compleja y estos hechos, lo que ha sucedido en Natales, explica que la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que funciona en la región, su próxima reunión, que es el 14 de mayo, se realice en la ciudad de Puerto Natales. Y la razón es para enviar un mensaje muy claro sobre que los participantes del Sistema de Justicia Penal tienen que ser severos en cualquier conducta que implique”.
Delincuentes del norte
– ¿Cómo se previene que prófugos o delincuentes entren a la región?
– “El país mantiene algo que se denomina el Registro Nacional de Prófugos. Es un registro unificado que tiene que ir actualizándose. Y la Subsecretaría de Prevención del Delito ha establecido una mesa específica para abordar el cumplimiento de ese registro nacional. Por lo tanto, para establecer priorizaciones por los territorios o por regiones dentro de determinado tipo de territorio para la búsqueda de esos prófugos, que se encuentran en el Registro Nacional de Prófugos. Eso debiera tener una representación también en la Región de Magallanes, pero es un trabajo que ha estado coordinándose desde la Subsecretaría de Prevención del Delito”.
– ¿Qué impresión tienen desde el gobierno a proyectos legislativos para que aerolíneas entreguen listado de pasajeros a las policías?
– “Es un tema que está evaluando la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es un trabajo que más bien está pensado para territorios que tienen particularidades insulares”.
Tomas ilegales
– ¿Qué facultades tiene el Estado también para intervenir en tomas ilegales?
– “En el caso de tomas ilegales, hemos venido teniendo en los últimos años criterios bien explícitos por parte de la Corte Suprema. El debate de tomas tiene distintos orígenes, algunas están vincluladas al conflicto que estaba suscitándose en la zona de La Araucanía y Biobío, otras las que están vinculadas a tomas con fines de vivienda, donde además hay otro tipo que se cometen otra serie de delitos, etc. Entonces, el Estado ha ido abordando esto, por un lado, por la legislación que se modificó en materia de usurpaciones, y por la otra, lo que ha venido haciendo la Corte Suprema es acogiendo recursos de protección a favor de los propietarios de esos inmuebles que son tomados, ordenando los desalojos. Y en el caso de tomas que están vinculadas a personas que están en situación de calle o sin acceso a vivienda, la Corte lo ha dicho que esas tomas tienen que ser desalojadas, tienen que resguardarse ciertos derechos en el desalojo para evitar que sean violentas, proteger a niños, adultos mayores, etc”.
Caso Hárex: “Hacer las gestiones que sean necesarias para poder incluirlo”
Una iniciativa legislativa ha llevado a cabo el senador Karim Bianchi para incluir al Plan Nacional de Búsqueda el caso de Ricardo Hárex. Sobre esta inclusión, el ministro Cordero señaló que “a propósito de los requerimientos del Comité de Derecho Humano de Naciones Unidas y a propósito de la comisión de desaparición forzada de personas de Naciones Unidas, es uno de los casos que el país ha informado y, por lo tanto el gobierno, yo lo señalaba con anterioridad y también se lo señalaba al senador Bianchi, está buscando la manera de incorporar el caso de Ricardo Harex dentro de las gestiones del Plan Nacional de Búsqueda, que aunque está pensado para víctimas de la dictadura, también está desarrollando metodologías de trabajo para él mismo y sobre todo porque es un caso que en la actualidad también tiene una ministra en visita, que es la ministra Recat y, por lo tanto, la disposición del gobierno, porque es un caso de derechos humanos para el gobierno, es hacer las gestiones que sean necesarias para poder incluirlo al menos dentro de las metodologías de trabajo del plan nacional de búsqueda”. Perfecto, perfecto ministro. Bueno, eran todos los temas que quería abordar, así que le agradezco muchísimo su tiempo y su voluntad como siempre acá para dialogar con nosotros”.