24 funcionarias y ex trabajadoras municipales demandaron al municipio de Porvenir

Después de reclamar infructuosamente desde el año pasado el pago atrasado del “bono compensatorio de sala cuna”, las funcionarias presentaron la demanda ante al Juzgado de Letras de la capital isleña. 

En definitiva fueron 24 y no diecisiete -como se había indicado anteriormente- las empleadas y ex empleadas municipales, todas madres y la inmensa mayoría de ellas profesoras y auxiliares de la educación, quienes demandaron de modo colectivo a la Municipalidad de Porvenir, por un total de 1.676 millones 994 mil 682 pesos, por el no pago del bono de compensación por falta de sala cuna durante el largo periodo de la pandemia y antes, por otras situaciones. Como se recordará, la amarga situación las demandantes la sufrieron en la administración de la ex alcaldesa Marisol Andrade.

En esa oportunidad, a las funcionarias el beneficio -que correspondía a un importe en dinero cuando el empleador (en su caso el municipio) no disponía de sala cuna para atender a los hijos pequeños- cuyo pago, en reemplazo, las mamás trabajadoras lo destinarían a la contratación de una niñera. Sin embargo, dicho bono no les fue enterado oportunamente a las docentes y asistentes educacionales cuando aún eran empleadas municipales.

Cabe consignar que sólo once de ellas recibieron el beneficio, pero a las que no lo obtuvieron (inicialmente 17), nunca se les respondió ni explicó porqué a ellas no se les cumplió. Durante la actual gestión -y cuando todavía las funcionarias de la educación dependían del municipio- el alcalde Gabriel Parada dispuso que el bono les sea pagado a nueve de ellas de modo retroactivo, en abril de 2022.

El beneficio monetario conocido como “Bono compensatorio de sala cuna”, en algunos casos se adeuda a las madres trabajadoras hace ya 8 años. Para las afectadas la situación se hizo compleja cuando sendos dictámenes de Contraloría determinaron que el mencionado pago con retraso no corresponde, “porque no se puede sustituir la falta de sala cuna por la entrega de la compensación en dinero”.

Pese a ello, el órgano contralor reconsideró su dictamen durante la pandemia y decretó que el bono sea pagado de modo retroactivo, debido a que las salas cunas no funcionaban. Los ingresos se cumplieron en abril de 2022 para los periodos post natal y post natal parental, tras el nacimiento del hijo y durante 18 meses y medio, pero las mamás que no recibieron el recurso monetario, considerando que era un beneficio legal, aunque tarde, reclamaron su monto conforme lo dicta la ley.

Al final -y tal como les indicó el propio alcalde actual, Gabriel Parada- para dirimir si lo dictaminado por Contraloría es en efecto que por reclamar fuera de plazo ya no tienen derecho al bono de sala cuna, las docentes y asistentes de educación y otras funcionarias municipales, con patrocinio de un abogado dieron el paso firmando la demanda contra el municipio en diciembre del año pasado. Después de reunir los 24 casos, ésta ingresó al Juzgado de Letras de Porvenir en febrero por un monto total de $1.676.994.682, informó la presidenta del Colegio de Profesores, Flor Leiva. Recordó que fue el propio jefe comunal quien las instó a demandar, para ver si podía o no pagarles el reclamado bono.

Defensa del municipio: “los reclamos laborales tienen un plazo”

“Lo que le puedo decir es que ese bono de sala cuna es distinto en el mundo privado que en el mundo público”, sintetizó el abogado del municipio fueguino, Carlos Contreras, quien se cuidó de no entregar antecedentes de la defensa que hará de su representada en el tribunal para responder a la acción de las funcionarias y ex funcionarias municipales.

Dijo que la diferencia entre ambos escenarios es que entre lo privado y lo público “existen reglas y situaciones distintas y por lo tanto, además de los plazos y de la naturaleza de los bonos, hay que considerar que estamos en un régimen municipal y que el empleador es el municipio, donde también hay normas que nos rigen del ámbito público”.

En ese sentido, añadió que lo ya pagado por el municipio a las trabajadoras se hizo conforme a derecho, con los trámites debidos y consultas a la Contraloría y que “se pagó conforme a la normativa de Contraloría, que es lo que nos obliga a nosotros”. Pese a ello advirtió que “ninguna de las personas que está demandando llegó con la solicitud en su momento a esta administración”.

Apuntó que “ellas están pidiendo un reembolso de algo que supuestamente aconteció y eso es lo que tenemos que dilucidar ahora”. Finalizó indicando que por regla general “todos los reclamos laborales tienen un plazo y como son 24 demandantes, tenemos que revisar caso a caso”.