El foco hacia las municipalidades del Consejo de Defensa del Estado

Los primeros pasos del abogado Raúl Letelier en el Consejo de Defensa del Estado (CDE) fueron en la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas. Comenzó a trabajar el 2000 y, hasta el 2011, cumplió funciones en la zona, donde también ejerció docencia como profesor de Derecho de la recientemente abierta carrera en la Universidad de Magallanes. Se ha especializado en Derecho Administrativo y realizó la charla inaugural de la carrera en dicha universidad la semana pasada sobre esta misma materia de su especialidad.
“Fueron los inicios como abogado. Yo me titulé en septiembre y, en noviembre, ya estaba aquí en Punta Arenas. Comencé como abogado en la Procuraduría acá de Magallanes con especialización en temas de Derecho Administrativo, que era lo que ya hacía”, relata Letelier en conversación con El Magallanes, luego de su regreso a la región.

En aquellos inicios, trabajó con el abogado Pedro Corti, histórico procurador fiscal de Punta Arenas. “Los temas administrativos son vinculados a demandas de indemnización de perjuicios en contra del Estado. Está vinculado también a acciones de nulidad de actos del Estado. Los recursos de protección en general que se dirigen contra el Estado también son cosas que se ven en el ámbito del Derecho Administrativo. Todo el tema vinculado a las expropiaciones también”.

Por aquel entonces, recuerda Letelier, “había muchos casos vinculados a servidumbres y también vinculados a muchos caminos que se hacían. Me acuerdo de Yendegaia y las obras públicas que se pensaban hacer en esos lugares y esos que daban lugar a grandes expropiaciones. Con muchos reclamos también a veces en términos de cuál era la valoración del predio que se iba a expropiar. Ahí había muchas discusiones, mucho conflicto con eso”.

– ¿Ve usted también que hay temas que son distintivos en regiones como Magallanes?

– “Yo creo que la gran diferencia es que en Santiago los recursos de protección, las acciones de impugnación, las acciones de nulidad se dirigen contra actos de los ministerios. En cambio, en regiones son actos vinculados al intendente y a autoridades regionales o sectoriales. Pero los temas son bastante similares, lo que pasa es que tienen distintas escalas. Escalas más generales son las que se discuten a veces en Santiago y escalas más locales acá”.

– ¿Ha visto también un cambio en las temáticas que ha abordado el Estado también en sus demandas y acciones constitucionales?

– “El Estado día a día es demandado con mayor frecuencia. Antiguamente no se veía tanto. Y eso se explica, en parte, porque hay muchos más abogados, los tribunales son más cercanos a la persona, y eso hace entonces que haya mayores acciones en contra del Estado. Entonces, yo creo que hoy en día uno de los grandes desafíos que tiene el Consejo de Defensa del Estado es lidiar con ese aumento exponencial de volumen de judicialización y poder trabajar bien en ese escenario. Eso genera muchos desafíos, desafíos de cómo poder abordar también la judicialización de gran escala, conservando el prestigio y el estudio pormenorizado de los asuntos, y eso no es fácil”.

– ¿Se ha abordado con un mayor nivel de digitalización o cómo se enfrenta esta situación?

– “Sí, nosotros de hecho estamos muy insertos en un proceso de modernización, de digitalización, en donde nuestros sistemas pueden captar de qué se tratan las demandas y también proponer ya textos de contestación automatizados, estamos también incorporando algunas tecnologías de inteligencia artificial para poder ayudar a esto precisamente. También tenemos en algunos casos algunos tipos de escritos que ya son mucho más modelos, que entonces se hacen de una manera mucho más rápida. En general estamos enfocados en una forma de trabajo que permite que el trabajo rutinario sea un trabajo desarrollado por máquinas y en cambio el concentrar a nuestros abogados, a nuestra gente que trabaja, en asuntos que requieren mayores desafíos intelectuales y eso, entonces, requiere concentrar nuestros esfuerzos ahí y tratar de automatizar lo que más se pueda”.

– ¿Cómo han enfrentado el aumento de causas por el estallido social o la pandemia en estos últimos años?

– “Cuando estábamos en el medio de la pandemia, incluso un poco antes, el Estado tuvo que dictar muchos actos de restricción de derechos relevantes, digamos, que no se dictan normalmente, que son actos sujetos a cierta excepcionalidad. Y entonces esos actos son difíciles, son actos duros, son actos de restricciones que a veces la ciudadanía no los ve bien.

“Por el contrario, a veces, de hecho, la ciudadanía quería ir más rápido que lo que iba el Estado. Pasó en muchos casos en que hubo peticiones para que hubiese mayores restricciones. En otros casos había gente que protestaba por las restricciones y en otros casos las propias personas decían que querían mayor restricción.

“Entonces, el Consejo tuvo que tomar todos esos casos a nivel nacional, muchas de esas opciones de recursos de protección en contra de esos actos. Y bueno, nuestros resultados fueron muy positivos. Nosotros defendimos judicialmente esos actos que, para nuestro entender, eran vitales para poder manejar correctamente la pandemia.

“Y también hubo casos, que se conservan hasta el día de hoy, de indemnizaciones de perjuicio. Personas que se sentían lesionadas por algún tipo de acción estatal, por algún retraso en algún tipo de prestación pública, por ejemplo. Esas son acciones de responsabilidad que siguen vigentes hasta el día de hoy y que estamos trabajando en ellas”.

– ¿Se ha visto un aumento en los casos de probidad y administración desleal?

– “Bueno, eso tiene dos líneas de respuesta. La primera es que es positivo que nuestras autoridades de control detecten este tipo de cosas. Eso habla muy bien de Chile, del entramado de instituciones que están preocupadas de este tema. Ahí tenemos a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, a todos ellos preocupados en general en los delitos de la corrupción. Son todas estas autoridades vinculadas a que la corrupción no se expanda, a que tan pronto se detecta alguno de estos casos haya respuestas institucionales.

“Entonces, eso permite que haya una fuerte independencia en cada uno de ellos lo que les permite investigar con total tranquilidad y sin ninguna presión ese tipo de eventos. Entonces ese es el lado positivo. De hecho, algunos de los eventos de corrupción, por ejemplo, que se detectan aquí en la zona, son eventos que se consiguen detectar rápidamente.

“Y el otro lado, que es el lado negativo, es detectar esto, que esos eventos sucedan. Bueno, y eso es lamentable, pero lo importante ahí es que las peticiones de sanciones penales son inmediatas y esperamos que terminen correctamente”.

Causas penales del CDE

El Consejo de Defensa del Estado tiene una participación activa en causas que denotan infracciones a los deberes funcionarios. Además de defender las facultades y potestades del Estado, también es función del organismo defender la probidad, fe pública, la correcta administración de justicia y el ejercicio íntegro de la función pública. Todo ello con el objeto de mantener un Estado que presente una conducta funcionaria intachable, y un desempeño honesto y leal de la función o cargo público.

En ese sentido, explica Letelier, “a través de la Procuraduría Fiscal de Punta Arenas, somos parte en la causa contra el ex fiscal de Puerto Natales mediante la reciente presentación de una querella por los delitos de revelación de secreto y cohecho. También hemos ejercido acciones penales en la causa asociada al ex defensor Público de Puerto Natales, mediante la presentación de una querella criminal, en enero del presente año, por el delito de cohecho, acciones que, sumadas a las del Ministerio Público, tras su formalización en febrero, lo mantienen hoy en prisión preventiva en la ciudad de Temuco”.

Dada la envergadura de esos delitos, Letelier indica que han “reforzado la capacidad de acción para su persecución oportuna. “Con ese fin, creamos una Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso con la clara intención de fomentar la especialización de nuestros litigantes, la adecuación de los procedimientos internos, la disposición de una estructura orgánica afín y el incremento de iniciativas de coordinación y colaboración con organismos claves, como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, entre otros, otorgándole prioridad estratégica a esta labor”, explicó.

En el ámbito municipal, existen en el Consejo de Defensa del Estado 826 ingresos penales vigentes vinculados a municipalidades a nivel nacional y, de ellos, 203 casos se ha intervenido mediante la interposición de querella. De estas 203 causas penales, 38 dicen relación con Corporaciones Municipales.

En la Región de Magallanes, uno de los casos tiene relación con la Corporación Cultural de Puerto Natales. “La Procuraduría Fiscal de Punta Arenas obtuvo la condena del ex director ejecutivo y ex jefe de Finanzas de la referida corporación, Freddy Sobarzo Ojeda, como autor de delitos de malversación de caudales públicos, uso malicioso de instrumento público y ejercicio ilegal de la profesión. En este contexto, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esa ciudad acogió además la demanda civil deducida por el Consejo, condenándolo a pagar un monto cercano a los 48 millones de pesos”, recordó.

Otra participación que destacan es en las causas seguidas contra el ex alcalde y el ex secretario general de la Corporación de Educación, Salud y Menores de Puerto Natales, “por delitos de fraude al fisco; la causa Itelecom relacionada con el contrato de reposición de luminarias de la ciudad de Puerto Natales, en la cual se persiguen sobornos a diversos funcionarios municipales, incluido su ex alcalde; y nuestras acciones en el proceso penal seguido contra la ex directora de Obras de la misma ciudad, Ana Stumpfoll, cuyo veredicto hemos conocido recientemente, en el cual se dio a conocer su condena como autora del delito de malversación culposa”.