1 de mayo: entre la reducción de la jornada laboral y las brechas que persisten

El 1 de mayo es una fecha emblemática que conmemora la lucha histórica de los trabajadores por sus derechos laborales y sociales. Este año, los discursos oficiales estvieron marcados por el avance logrado en materia de reducción de la jornada laboral, lo cual impacta directamente en la calidad de vida de los y las trabajadoras. También se abordó la discusión que se ha generado en torno al sueldo mínimo.

Pero, en igual forma, se tiene que poner en la balanza otro tema acuciante, respecto del cual no se ha avanzado con la urgencia requerida: el mejoramiento de las pensiones.

En primer lugar, la reducción de la jornada laboral es una iniciativa que promueve un mejor equilibrio entre el trabajo y el descanso. Si bien es un paso importante hacia una mayor calidad de vida para los trabajadores, es necesario asegurar que esta reducción no afecte negativamente los ingresos ni las condiciones laborales de los trabajadores. Es fundamental que se implementen medidas que compensen adecuadamente la merma de horas, garantizando así la estabilidad económica de los trabajadores y sus familias.

Por otro lado, el escaso avance en mejorar las pensiones es una preocupación persistente que afecta a millones de trabajadores que, tras años de esfuerzo, no cuentan con una jubilación digna que les permita vivir con dignidad en su vejez. Es imperativo que se tomen medidas concretas para fortalecer el sistema de pensiones, aumentando los montos y mejorando las condiciones de acceso, especialmente para aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.

Ya a nivel regional, el mercado laboral se presenta complejo con un aumento de la fuerza laboral y el impacto que esto y otros factores han tenido en el crecimiento de la tasa de desempleo. Lo más preocupante es que la desocupación tiene rostro femenino en Magallanes.

En este contexto, el 1 de mayo nos recuerda la importancia de continuar la lucha por los derechos laborales y sociales, así como la necesidad de promover políticas que garanticen un trabajo digno, condiciones laborales justas y una protección social adecuada para todos los trabajadores. En tal camino, se tienen que seguir impulsando políticas públicas y empresariales que permitan reducir las brechas tanto respecto de la empleabilidad como de las remuneraciones que reciben hombres y mujeres.

Es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto trabajar para construir un futuro más justo y equitativo para todos.