Protección a los docentes en las aulas

El fortalecimiento de entornos educativos de calidad, necesarios para aprender, enseñar y convivir, requiere como parte de sus principales componentes, el desarrollo de relaciones respetuosas entre todos los integrantes de la comunidad educativa, independientemente de los roles y funciones que cada uno desempeñe.

Para alcanzar este propósito, es primordial contar con un sistema educativo que promueva la sana convivencia al interior de las comunidades educativas, lo que, sin duda, debe contemplar estrategias para asegurar las condiciones adecuadas para el buen desempeño de docentes y asistentes de la educación, pues representan un pilar fundamental en la formación y desarrollo de niñas, niños y jóvenes durante su etapa escolar.

La Ley General de Educación señala que los docentes y asistentes tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos por parte de los integrantes de la comunidad educativa.

Sin embargo, en los últimos cuatro años se ha duplicado la cifra de agresiones a docentes, tanto por parte de estudiantes como apoderados. El año pasado 466 educadores fueron golpeados o violentados en el país. La última víctima de ese aumento en la violencia fue Katherine Yoma, una docente de inglés en Antofagasta que tras vivir maltrato por varios meses se suicidó.

Frente a las alarmantes cifras, el Colegio de Profesoras y Profesores presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara Baja una serie de propuestas concretas para ser incluidas en la Ley de Protección a la Labor Docente.

Tal cual han instado los dirigentes del Magisterio, es necesario que se establezcan procedimientos de investigación, aplicación de sanciones, plazos para la adopción de medidas o sanciones y el derecho de las y los docentes de impugnar dichas decisiones ante el tribunal competente.

Sólo el aumento de las sanciones según la gravedad de la agresión al docente, frenará este clima de violencia escolar que impera en algunas aulas, generando a la postre una fuente de desmotivación de los educandos, lo que explica en cierta medida los 8 mil profesores que desertaron del sistema el año pasado.