Licencias médicas en el ojo del huracán
Cifras alarmantes se vienen observando desde 2014 frente al alza de la emisión de licencias médicas pasando de un promedio de 3 millones por año a 9 millones en el 2022, sin considerar los permisos maternales y los asociados al Covid-19.
Sin embargo, el año pasado se logró romper la tendencia alcista, registrándose una baja de un 15% producto del plan de fiscalización impulsado por la Superintendencia de Salud Pública, que permitió ahorrar 300 mil millones de pesos por licencias fraudulentas. Para ello se usaron herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que permitieron cruces de datos.
El rechazo de los permisos en primera instancia siempre ha sido mayor en Isapres que en Fonasa.
En alza de la emisión de estos permisos sin justificación médica y el alto gasto que presenta esta práctica, y los problemas del pago de los días de reposo que denuncian trabajadores realmente enfermos, preocupa a los integrantes de la Comisión de Salud del Senado. Advierten que la norma que endurece las sanciones a aquellos que emitan permisos sin la debida justificación clínica, lleva 9 meses detenido en la Cámara de Diputados y Diputadas, instando al Ejecutivo a poner urgencia al proyecto.
En concreto, la actualización de la Ley Nº20.585, publicada hace 9 años, apuesta por aumentar las multas y periodos de suspensión de médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas que emiten licencias médicas, muchas veces de manera sistemática, beneficiando a personas que no están enfermas.
El fraude que sacudió a Fonasa en 2022 permitió detectar 10 millones de licencias falsas, cuyo pago del subsidio de incapacidad laboral representó un punto del Pib, más de 3 billones de pesos.
Si bien parte de los derechos laborales es el derecho a enfermarse y ser bien tratado en esa condición hasta su recuperación, y obtener el pago oportuno frente a un reposo médico, no es menos cierto que se debe reforzar la fiscalización respecto de los grandes emisores de licencias con miras a perseguir el uso fraudulento de tales permisos, otorgando mayores atribuciones a los organismos reguladores en la materia. Y, por qué no, castigar también a los simuladores que mal utilizan los permisos laborales, pues sólo así se terminará con este tipo de práctica y el sistema podrá tener la tan necesaria credibilidad.
