Persiguiendo persecutores: esquirlas del caso Hermosilla genera querella e investigación en contra del fiscal Carlos Palma

Lucas Ulloa Intveen
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Un incómodo momento tuvo lugar este lunes 24 de junio en una sesión extraordinaria de Consejo General del Ministerio Público, instancia en que se reúnen los fiscales regionales del país para abordar diversas situaciones de persecución penal y seguridad. Fue el fiscal nacional, Angel Valencia, quien puso sobre la mesa que se acogió a trámite una querella que involucra al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, en contra de quien se ha iniciado una investigación.

Como establece la normativa, cuando un integrante del consejo es blanco de una investigación penal, el caso sólo puede ser llevado por un par designado para las indagaciones. De este modo, en la reservada cita, se determinó que la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, será quien dirija las pesquisas para establecer si la máxima autoridad del Ministerio Público de Aysén incurrió en delitos de omisión de denuncia. Lo anterior luego de una de las tantas esquirlas que han permeado al Poder Judicial y al órgano persecutor penal luego de las causas judiciales del caso Hermosilla.

En lo puntual, la querella presentada por el penalista Fernando Leal se declaró admisible el 17 de junio, y se basó en una serie de artículos de Ciper, en que se pide indagar un presunto tráfico de influencias, además de roles del pasado concurso a fiscal nacional. Fue un pantallazo enviado por el fiscal Palma al abogado Luis Hermosilla el que levantó las alertas, donde se revela un diálogo con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, que da cuenta de un ofrecimiento de Migueles a Palma de un doctorado y un puesto en la Fiscalía Centro Norte, reemplazando a Xavier Armendáriz. Todo esto en el contexto de que Palma se postuló al cargo de fiscal nacional.

¿Qué relación tiene Luis Hermosilla con el fiscal Carlos Palma? ¿Por qué mantenía correspondencia con el abogado Hermosilla en contexto de la elección de fiscal nacional? Y, especialmente, ¿por qué no denunció tal ofrecimiento económico, constitutivo de un potencial delito de soborno, siendo funcionario con años de trayectoria? Son algunas de las interrogantes que la querella plantea al Ministerio Público.

Cuestionamientos a arista ProCultura y caso Convenios

A diferencia de otras regiones, en Magallanes no ha habido hasta la fecha ningún formalizado por delito alguno en relación al caso Convenios o Fundaciones. Sí ha habido diversas diligencias, que han devenido en allanamientos a oficinas del Serviu, seremi de Vivienda, Gobierno Regional (Gore) y la Municipalidad de Porvenir. Asimismo, se han incautado teléfonos celulares del gobernador regional, Jorge Flies, de la jefa de División de Desarrollo Social y Humano (Dideso), Paola Fernández, del Gore o del mismísimo alcalde de Porvenir, Gabriel Parada y la administradora municipal de dicha ciudad. No obstante, detenidos ni formalizados, ninguno. Todo esto, bajo la arista ProCultura.

Y es desde la misma Fundación ProCultura que han levantado un reclamo formal y solicitud de remoción del fiscal Carlos Palma, fundamentada principalmente en que no han podido tener un rol colaborador en la investigación, dado que se les ha negado tener acceso a la causa y también a cualquier tipo de entrevista con Palma. Son más de 24 ocasiones que han buscado tener algún tipo de comunicación con el fiscal y en todas ha sido negada.

Además, sobre su nexo con el caso Hermosilla, la misiva de ProCultura indica que “podemos señalar que la labor del fiscal Palma se encuentra cuestionada (…) Mientras no quede resuelta esa situación lo que pone en entredicho su función para hacerse cargo de la investigación de ProCultura, solicitamos sea relevado de esa causa y se designe a otro fiscal para conocer e investigar esa arista del caso Convenios”.

La representante legal de ProCultura, María Constanza Gómez, declaró que “si bien aún no conocemos los alcances que pueden tener las denuncias, nos parece grave enterarnos de que el fiscal  Palma enviaba pantallazos de conversaciones al abogado Luis Hermosilla, quien fuera abogado defensor de un personero de gobierno  en el marco de las mismas investigaciones. Estamos plenamente concientes de que el fiscal Palma ha cometido reiteradas infracciones al debido proceso, al menos para con ProCultura, no respondiendo ningún requerimiento de nuestros abogados, no se nos ha permitido declarar en el proceso ni se ha citado a nuestros testigos, no ha decretado nuestras diligencias, ha nuestros abogados no se les a dado ni siquiera entrevista con el fiscal”.

Desde otra vereda, otros cuestionamientos apuntan a que las aspiraciones al cargo de fiscal nacional ponen en jaque los intereses persecutores del fiscal Palma. En ese sentido, apunta al conflicto que genera el tener que investigar a familiares de políticos, como al fundador de ProCultura, Christian Kirk Miranda, cónyuge de la ex senadora Carolina Goic (DC), u otros cercanos a esa tienda política, como Paola Fernández o el mismo gobernador Flies.

Consultado respecto de esta materia por La Prensa Austral, el fiscal regional de Aysén se negó a emitir declaraciones respecto del caso.

Reasignan investigación del caso Fundación a fiscal regional de Coquimbo

En la tarde de ayer, el fiscal nacional Angel Valencia, resolvió reasignar la investigación relacionada a la Fundación ProCultura al fiscal Patricio Cooper Monti, actual fiscal regional de Coquimbo.

En diciembre pasado, las investigaciones relacionadas a dicha Fundación -en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes- quedaron radicadas en la Fiscalía Regional de Aysén, liderada por el fiscal regional Carlos Palma.