Necrológicas

– Hans Félix Bruning Pérez

Un teniente, un sargento y un cabo de Carabineros serán formalizados hoy por muerte de colombiano

Miércoles 10 de Julio del 2024

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  • Denuncia por violencia intrafamiliar experimentó un vuelco al señalar el fiscal, Sebastián González, que el primer disparo se hace sin mediar ninguna agresión por parte del ciudadano extranjero.

En 24 horas se amplió la detención de tres funcionarios de la Primera Comisaría de Carabineros, imputados por abatir a un ciudadano colombiano con a lo menos cinco impactos de bala, durante un procedimiento de violencia intrafamiliar.

Esto sucedió el lunes, alrededor de las 14 horas, en una vivienda de calle Armando Sanhueza Nº1222. A ese domicilio llegó una patrulla alertada por un llamado telefónico por un episodio de violencia intrafamiliar.

Cuando los policías ingresan al antejardín son recibidos por un sujeto que los habría amenazado con dos cuchillos de cocina que portaba en sus manos. 

Los efectivos le instaron para que depusiera su actitud, pero no lo consiguieron. En una primera versión se habló de que el sujeto se habría abalanzado con claras intenciones de agredir a los carabineros. Entonces éstos sacan el arma de servicio y disparan, lesionando de gravedad al ciudadano extranjero, que perdió la vida cuando era atendido en el Hospital Clínico de Magallanes.

El hombre herido a bala fue identificado como Julián Andrey Jorquera Collazos, colombiano nacionalizado chileno, de 40 años de edad. No vive en Punta Arenas, pero hace unos día regresó con la intención de visitar a la hija en común que tiene con la pareja, de nacionalidad boliviana, con quien discutió y protagonizó el episodio de violencia intrafamiliar que llevó a Carabineros a intervenir, con resultado fatal.

Hasta las seis de la tarde del lunes todo apuntaba a un procedimiento policial ajustado a derecho. Por lo mismo el jefe de zona de Magallanes, general Marco Alvarado, respaldó a su gente, declarando a los medios de prensa que “ellos hicieron uso de la legítima defensa privilegiada”.

Agregó que la persona que terminó abatida se encontraba muy alterada y que por lo mismo se abalanzó sobre el personal, “con claras intenciones de agredirlos y debieron hacer uso de su arma de servicio”.

Vuelco total

Ya con la investigación en curso, a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, comenzaron a salir a la luz otros detalles.

Alrededor de las seis de la tarde obtuvieron un primer registro de video. Luego se sumaron otros dos, que dieron un giro a la investigación, e hicieron trastabillar la hipótesis de la legítima defensa que hasta ese momento amparaba a los funcionarios que habían participado en el procedimiento policial.

Los tres carabineros fueron llevados a la Fiscalía, donde prestaron declaración, y a las 21,50 horas el fiscal jefe, Sebastián González Morales, los dejó detenidos y dio instrucciones para que este martes fueran trasladados al Juzgado de Garantía. 

¿Por qué detienen a
los carabineros?

Por declaraciones contradictorias y no ajustadas a la realidad de lo sucedido, según los hechos ventilados en la audiencia, donde la defensa de los tres imputados intentó declarar ilegal la detención, pero el juez Franco Reyes Pozo no dio lugar a dicha pretensión.

Tanto por las heridas en partes vitales del cuerpo de la víctima; el número de percusiones y zonas donde llegan las balas y porque “sólo hubo un ademán de abalanzarse”.

El magistrado apuntó al uso de tres armas de fuego y disparos en zonas de riesgo vital, por ende “se declara legal la detención”.

Como dijo el fiscal, al comienzo se les trató siempre como testigos, amparados en la Ley N°21.560, conocida popularmente como la Ley “Naín-Retamal”,  que aborda “la procedencia o no de la legítima defensa respecto de funcionarios policiales”. 

Las declaraciones de todos los funcionarios apuntaban a que el ciudadano extranjero se abalanzó sobre ellos con la finalidad de agredirlos con los cuchillos.

Hasta ahí los disparos respondían a la respuesta de un eventual ataque, utilizando el arma de servicio, señaló el fiscal.

No obstante la revisión posterior del armamento de servicio, de los tres funcionarios, dio luces de que algo no cuadraba. Y que se habían percutado 9 disparos.

La presunta víctima de violencia intrafamiliar, declaró que la ex pareja regresó hace unos días a Punta Arenas y temía que el sujeto pudiera secuestrar a la hija en común. Por eso le pidió que se fuera y que sino llamaría a Carabineros.

El hombre respondió que si lo hacía, saldría a enfrentarlos con cuchillo para que le dispararan, “y que eso iba a quedar en mi conciencia”.

Una tercera persona, madrina de la hija pequeña de la ex pareja, testigo de los hechos, fue quien finalmente llamó a Carabineros pidiendo ayuda.

Un vecino grabó lo sucedido y esas imágenes fueron recopiladas posteriormente. Estas y otras dos fueron exhibidas al juez Franco Reyes Pozo.

Según el fiscal, en ellas se observa que el hombre abatido siempre se mantuvo en el umbral de la puerta, portando dos cuchillos en ambas manos. A tres metros de distancia y nunca alcanzó a agredir a los policías. 

Hay una declaración de un funcionario de Carabineros que según el fiscal aporta antecedentes falsos, porque habla de que la víctima fatal se abalanza amenazante sobre los funcionarios del procedimiento, cosa que no se ve en ninguno de los tres videos. “Simplemente se encontraba (Julián) con los dos cuchillos en la mano, a unos dos o tres metros de distancia”.

“Todos los funcionarios declararon que primero existió una agresión de parte de la víctima, lo que no es posible observar en las imágenes”, aseveró el fiscal González.

Aún restando conocer el informe de autopsia, y otros antecedentes, fue que solicitó ampliar la detención en 72 horas. Los defensores se opusieron, pidiendo incluso que se formalizara inmediatamente. Al final el magistrado otorgó una ampliación de sólo 24 horas, plazo que se cumple esta mañana, a las 10,30 horas, ocasión en que será la formalización y todo apunta a que sería por el delito de homicidio.

“Déjennos investigar, es lo único que pedimos”, fue una de las expresiones que se le escuchó al fiscal durante el desarrollo de la audiencia.

Al menos cinco heridas a bala habría recibido la víctima, en piernas, cuello, muslo, clavícula y rodilla.

“El primer disparo se hace sin mediar ninguna agresión por parte del fallecido, sin ningún abalanzamiento como indica Carabineros”, precisó el fiscal jefe.

Luego el sujeto camina en dirección a los funcionarios y le disparan por segunda vez. “Ahí cae al suelo y ahí se escuchan otros cinco disparos, por lo tanto creemos que pudo haber un exceso y es eso lo que se está investigando”.

A la espera de su formalización, los tres carabineros quedaron detenidos en un cuartel policial de la ciudad, recinto en el que debieran permanecer si es que la justicia, a solicitud de la Fiscalía, decreta la prisión preventiva en su contra.

Defensa: “Ellos (los carabineros)
deben ser tratados como víctimas”

“El cuestionamiento que hicimos como Defensoría es que de acuerdo a la Ley Naín-Retamal ellos deben ser tratados como víctimas, a menos que existan antecedentes que descarten de plano que hubo legítima defensa y eso no se da en este caso”, señaló uno de los defensores de los funcionarios de Carabineros, Rodrigo Lillo, jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública.

“De acuerdo a los antecedentes que hay hasta ahora en la investigación, como la declaración no sólo de los funcionarios, sino de personas que estaban presentes en el hecho, además de los videos con que cuenta la Fiscalía, lo que existe en este caso es una detención de un sujeto peligroso con dos armas blancas que en un espacio reducido se dirige a los policías, quienes luego de advertir al sujeto que se comporte en forma pacífica y suelte sus armas, no lo hace”.

“Lo que vemos aquí es un ejercicio de sus funciones. Lo que nosotros exigimos día a día a los carabineros es lo que hicieron en este caso, lamentablemente con el fallecimiento de una persona, todo fue dentro del protocolo de las policías y atendidas las circunstancias del hecho los carabineros no tenían otra alternativa”, remató el abogado Rodrigo Lillo.