Eduardo Macaya es declarado culpable de dos delitos de abuso sexual infantil y fue absuelto de otros dos

• La Fiscalía pidió una pena total de 12 años de cárcel para el empresario, padre del senador y presidente de la Udi. La lectura de sentencia se conocerá el próximo viernes 19 de julio.

El Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando declaró culpable a Eduardo Macaya Zentilli como autor de dos delitos de abusos sexual en contra de menores de edad.

Además, el padre del senador Javier Macaya (Udi) fue absuelto de otros dos hechos de similares características.

El empresario de 72 años, quien se encontraba con la medida cautelar de arresto domiciliario, llegó en compañía de su abogado a conocer el veredicto de los jueces.

Si bien se mantuvo cerca de un mes en prisión preventiva durante 2023, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó esta decisión ante el pago de $150 millones de fianza.

El juicio duró cerca de un mes, período en el cual Macaya reiteró en múltiples ocasiones que “si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría”.

Si bien el proceso partió con tres jueces, Marisol López Machuca, José Ruiz Stanke y Marcela Yáñez Cabello, esta última presentó problemas médicos y dejó de participar. Por ello, sólo los dos primeros definieron la condena del imputado.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins pidió una pena total de 12 años de cárcel por los delitos. Tras ser declarado culpable de dos de los cuatro casos en cuestión, la lectura de sentencia quedó agendada para el próximo 19 de julio.

La decisión en detalle

De manera unánime, el tribunal decidió, primero, “absolver a Eduardo Juan Macaya del cargo de ser autor de un delito consumado de abuso sexual de una persona menor de 14 años, supuestamente cometido en contra de una de las víctimas en fecha indeterminada, cuando ella tenía ocho años, en la comuna de Placilla”.

Segundo, “absolver a Eduardo Juan Macaya del cargo de ser autor de dos delitos consumados de abuso sexual de una persona menor de 14 años supuestamente cometidos en contra de una de las víctimas en fecha indeterminada entre los meses de junio y julio de 2022, cuando tenía siete u ocho años, en la comuna de Placilla”.

Tercero, “condenar a Eduardo Juan Macaya del cargo de ser autor de dos delitos consumados de abuso sexual de una persona menor de 14 años, cometidos en contra de una de las víctimas en fecha indeterminada, pero en un mismo día, cuando tenía ocho o nueve años en la comuna de Placilla”.

Cuarto, “condenar al acusado Eduardo Juan Macaya Centilli por su responsabilidad en calidad de autor ejecutor de dos delitos consumados de abuso sexual de una persona menor de 14 años, cometido el primero de ellos entre los meses de abril y mayo del año 2022 y el segundo en un día indeterminado entre el fin de semana del 6 al 9 de abril del año 2023 o en un día indeterminado del último fin de semana de abril al primero de mayo del mismo año, ambos en la comuna de Placilla”.

El hijo de Eduardo Macaya, Javier Macaya, declaró en el proceso en calidad de testigo, pero no apareció en la audiencia de esta jornada, a la cual el condenado arribó acompañado de su abogado.

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Polémica fianza y un proyecto que
busca impedir que vuelva a ocurrir

Otro hecho que causó polémica en el caso fue que el imputado haya obtenido la libertad previo pago una fianza de 150 millones de pesos.

Ante este escenario, diputadas oficialistas presentaron en enero pasado un proyecto denominado “Ley Macaya” para evitar que acusados por delitos sexuales contra menores obtengan la libertad.

“Independiente del poder económico o de facto que pueda tener el imputado, (la iniciativa busca que) no pueda cambiar su prisión preventiva pagando una fianza, como fue en este caso, de 150 millones de pesos ni ninguna cifra”, sostuvo la diputada Marcela Riquelme (Frente Amplio), impulsora del proyecto.

La parlamentaria resaltó que “la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes está primero, por sobre cualquier otro principio penal; por lo tanto, hemos presentado este proyecto de ley hace meses y estamos esperando su pronta tramitación en el Congreso. Llamamos a las demás fuerzas políticas a sumarse a esto, porque la protección de los niños, niñas y adolescentes es esencial y es básico”.