El maltrato escolar es la mayor causa de denuncias en Superintendencia de Educación

El maltrato y la violencia escolar son la principal causa de denuncias presentadas ante la Superintendencia de Educación en Magallanes, institución que registró 15 casos durante el primer trimestre del año. 

El año pasado, se presentaron 75 denuncias sólo por maltrato y violencia escolar. Además, las quejas por convivencia escolar aumentaron un 16% entre 2022 y 2023.

Otros aspectos denunciados ante la institución guardan relación con problemas de infraestructura de los establecimientos educacionales, la falta de materiales o la exigencia de libros complementarios, que a veces representa un gasto adicional significativo para las familias.

Si bien existe un marco normativo y administrativo que regula la convivencia educativa, la creciente complejidad de las conductas de violencia y los problemas de salud mental han mostrado limitaciones en las herramientas y equipos disponibles al interior de las comunidades educativas. 

La violencia escolar no sólo se manifiesta a través de agresiones físicas, sino también mediante el acoso verbal, el ciberacoso y la exclusión social, lo que genera un ambiente de inseguridad y afecta el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes.

Es, por ello que, desde el gobierno, se presentó el proyecto de Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, una iniciativa que busca robustecer y actualizar el marco normativo actual. Esto surge como respuesta a las crecientes demandas de la sociedad por un entorno educativo más seguro y saludable. Se realizó un proceso de consulta pública en el que participaron docentes, padres de familia, estudiantes y expertos en educación y psicología, lo que permitió recoger una amplia variedad de perspectivas y necesidades.

El proyecto de ley establece el rol del Estado, señalando que es su deber adoptar medidas para la promoción de la convivencia educativa, el buen trato, el resguardo de los derechos de niños y estudiantes, y la no discriminación en toda comunidad. Además, establece la obligatoriedad de que todos los establecimientos educativos cuenten con una coordinadora o coordinador de convivencia con dedicación exclusiva, jornada completa y perfil adecuado al cargo, considerando flexibilidades para ciertos establecimientos según sus particularidades, y crea un Observatorio de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad de la Educación. 

Este observatorio tendrá la tarea de monitorear y evaluar continuamente las políticas de convivencia escolar, proponiendo mejoras y adaptaciones según las necesidades cambiantes de las comunidades educativas.