Madres que reclaman el pago de bono sala cuna cuestionan acceso a los datos de sus hijos menores

• Recientemente el abogado del municipio recomendó no acceder al avenimiento judicial propuesto por el juez de Letras de Porvenir, de cancelar $5 millones a cada demandante.

“Vamos a seguir con esto hasta el final”, aseguró la representante de las asistentes de la Educación de los colegios públicos de Porvenir, Melanie Manzo, las cuales mantienen su demanda contra la municipalidad fueguina -junto a las profesoras igualmente afectadas- por obtener el importe del bono sala cuna, que les fue negado en la administración comunal anterior, cuando ellas eran funcionarias municipales. Dijo que en esta lucha se han reunido con candidatos a alcaldes y concejales, de quienes han recibido amplio respaldo y que esperan de ser electos, darles solución a las 24 trabajadoras.

Como se recordará, recientemente el abogado del municipio recomendó no acceder al avenimiento judicial propuesto por el juez de Letras de Porvenir, de cancelar por parte del municipio $5 millones a cada demandante, ya que ello lesionaría gravemente las arcas del erario comunal. No obstante, ahora las 24 madres trabajadoras cuestionan que el abogado del municipio haya obtenido información sobre sus hijos menores de edad, al señalar que la mayoría de ellas enviaron sus niños a los jardines infantiles de la Junji.

Datos de menores de edad

“Lo hizo sin nuestra autorización, tratándose de datos que son confidenciales y relativos a menores de edad”, reclamó Manzo, apuntando que en su informe, el jurista municipal no indicó cuántos días funcionaron los citados jardines, antes de las restricciones de la pandemia y durante los días en que hubo paro de funcionarios Junji. “Nos arreglamos solas y los llevamos a los jardines por cuenta propia, no por gestión del municipio. Y nos llama la atención que la Junji les haya dado toda la información de nuestros hijos, que es confidencial, y es lo que el abogado nuestro va a averiguar”, advirtió.

Sin embargo, consultada la directora regional de Junji, Paola Valenzuela, de porqué se accedió a dicha petición, señaló que “si es un tema judicial, más que entregársela al abogado (del municipio porvenireño), la solicitó la persona que lleva la causa directamente, y nuestra institución está obligada a responder”. Clarificó que cualquier antecedente que se deba entregar sobre un niño, niña o grupo de niños, “solamente lo podemos hacer si nos instruye un juez, así que eso es lo que debe haber sucedido”.

Abogado: “nadie impugnó acceder a la información”

Por su parte, el abogado municipal, Carlos Contreras, fue enfático en responder que “la información que se pidió la entregó un organismo público, en virtud de una petición que se hizo en el juicio, solicitud que se cursó en los términos planteados y que no fue discutida, ni reclamada por la contraparte”. Insistió en que el abogado de las 24 demandantes, nunca impugnó que se le entregue al tribunal los datos de los hijos que asistieron a los jardines durante el periodo que se reclama el bono sala cuna y, por otro lado, en un juicio -que es un acto público- los datos sobre los hijos ya habían sido consignados.

Contreras precisó, además, que el bono de compensación a la falta de sala cuna no es un derecho para las funcionarias municipales, ya que no es un beneficio consignado en una ley, sino un caso de jurisprudencia nacido del mundo privado, en que un fallo judicial obligó a las empresas que no tengan una sala cuna para sus trabajadoras madres, pagar a éstas un importe que compense esa ausencia. Por lo mismo, es un beneficio que no corresponde al sector público, pero que de algún modo fue asumido en el municipio insular.