Candidato a alcalde por Río Verde pide investigar posible “acarreo” de votantes

Hace 12 años, en esta misma fecha, La Prensa Austral informaba que las comunas de Río Verde, San Gregorio y Laguna Blanca se encontraban en la mira por las acusaciones de “acarreos” de votantes. En su oportunidad este caso llegó a la Cámara Alta, donde se pidió la citación del director nacional del Servicio Electoral.

Este escenario se ha mantenido en el tiempo, donde cada cuatro años se repite la misma historia, aflorando las denuncias por “acarreos”.

Esta vez el puntapié inicial a la oleada de denuncias que seguramente se están fraguando por parte de algunos candidatos, la dio el candidato por el Partido Socialista al sillón alcaldicio de Río Verde, Jorge Espinoza Vásquez, quien presentó ante el Tribunal Electoral Regional una denuncia por el aumento del 22% en el padrón electoral. 

“Tenemos conocimiento que hay gente que no pertenece a la comuna, y muchos de ellos ni siquiera a la región”, agregó Espinoza, quien llegó acompañado del presidente regional del Partido Socialista, Pablo Bussenius. Espinoza señaló que con ocho años de trabajo en la comuna como concejal, tiene la experiencia suficiente para determinar si los nuevos electores son o no de la comuna. 

Este requerimiento busca obtener responsabilidades administrativas y obtener las direcciones de los votantes para dilucidar si existen zonas en donde hay una concentración de inscritos. 

En Río Verde el padrón pasó de 584 electores en diciembre de 2023 a 718 a julio de este año. 

Esto se suma al oficio presentado por la diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, a la dirección regional del Servel, por el aumento de electores.

Desde la candidatura de Espinoza están realizando los análisis para determinar si el aumento de votantes beneficia a la candidata Tatiana Vásquez o a la actual alcaldesa, Sabina Ballesteros.

Sanciones 

La ley establece penas de reclusión menor en su grado mínimo y multa de $659 mil a $6,5 millones al elector que, al declarar o actualizar domicilio electoral o la acreditación del avecindamiento, proporcione datos falsos o un domicilio electoral diferente de los permitidos.

Igualmente, establece pena de presidio menor en su grado medio, multa de $659 mil a $3 millones 250 mil y la inhabilitación absoluta y perpetua para el desempeño de cargos y oficios públicos, al que incite, promueva, solicite u organice a los electores, a modificar su domicilio electoral, declarando uno nuevo con datos falsos o diferentes de los permitidos.

El domicilio electoral es aquel registrado ante el Servicio Electoral por un elector o electora, que no necesariamente puede coincidir con su lugar de residencia. La ley es explícita al establecer que debe ser un lugar con el que el elector tiene un vínculo objetivo, sea porque reside habitual o temporalmente, ejerce su profesión u oficio o desarrolla sus estudios en él.