Patentes de alcoholes en Punta Arenas

Con una legislación que limita las patentes de alcoholes a una por cada 600 habitantes, la capacidad para otorgar nuevos permisos está prácticamente agotada hace dos décadas, cuando en 2004 se promulgó la Ley Nº19.925 sobre el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

Esta imposibilidad de autorizar nuevas patentes de alcoholes para botillerías, supone un crecimiento descontrolado de la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Este tipo de actividades no sólo evade las regulaciones y los impuestos, sino que también promueve un entorno donde la supervisión es inexistente, lo que puede agravar problemas de salud pública y seguridad.

En Magallanes, donde el alcoholismo ya es un problema serio, vinculado a la violencia intrafamiliar y los accidentes de tránsito, permitir que el comercio ilegal florezca sería un retroceso lamentable en los esfuerzos por abordar estos desafíos.

Sin embargo, también es importante reconocer que la restricción de nuevas patentes puede tener efectos adversos en el desarrollo económico local. Nuevos emprendimientos en la industria de la hospitalidad y el entretenimiento, que podrían contribuir al crecimiento de la ciudad y a la creación de empleo, se ven frenados por la falta de acceso a estas patentes. Esto plantea la necesidad de encontrar un equilibrio que permita la aparición de nuevos negocios sin saturar la ciudad con este tipo de establecimientos.

Para lograr este equilibrio, es fundamental que la municipalidad y otros actores claves consideren varias estrategias.

Es crucial fortalecer los mecanismos de fiscalización para prevenir y sancionar la venta ilegal de alcohol. La policía y las autoridades municipales deben trabajar de manera coordinada para identificar y cerrar los puntos de venta clandestinos, así como para educar a la población sobre los riesgos asociados con el consumo de alcohol en establecimientos no regulados.

Paralelamente, deben intensificarse las campañas de prevención y tratamiento del alcoholismo, reconociendo que la disponibilidad del alcohol es sólo una parte del problema. La salud pública debe ser una prioridad. Eso significa hacer campañas para prevenir el consumo excesivo y también ofrecer recursos y apoyo a quienes luchan contra la adicción.

Las autoridades deben encontrar un camino que permita el desarrollo económico sin comprometer la salud y la seguridad de los ciudadanos. La regulación efectiva, la fiscalización rigurosa y la educación continua son las claves para evitar que Punta Arenas se convierta en un bastión del comercio clandestino de alcohol y, en su lugar, prospere como una comunidad que equilibra el progreso con el bienestar de sus habitantes.