Sumariada fiscal de Puerto Natales recurrió de protección

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió a trámite el recurso de protección que presentó la suspendida fiscal de Puerto Natales, Lorena Carrasco Loyola, en contra de la colega que lleva el sumario en su contra, por negarle un recurso de reposición.

El ministro Marcos Kusanovic; el fiscal Pablo Miño y la abogada integrante, Gustava Aguilar, dieron “luz verde” a la tramitación del escrito, pero rechazaron la orden de no innovar solicitada.

El recurso está dirigido en contra de la fiscal Johanna Irribarra Alarcón, y es patrocinado por los abogados Christian Hott Schmidt y Patricio Morales Contardo.

Esto nace a raíz del resultado del sumario ordenado en contra de la suspendida fiscal de Natales; y del rechazo del recurso de reposición que la defensa de Lorena Carrasco interpuso el 9 de julio ante el fiscal regional.

“La fiscal recurrida, Johanna Irribarra Alarcón decidió por sí y ante sí, rechazar el recurso de reposición interpuesto, sin tener competencias para ello”

Génesis

El recurso de protección devela una serie de antecedentes, vinculados a Lorena Carrasco, quien ingresó al Ministerio Público el año 2012 y el 2016 fue nombrada en calidad de titular como abogada asistente en la Fiscalía Local de Puerto Natales, donde debió reemplazar por largos periodos al fiscal titular fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz, “ya sea por ausencia de éste, por enfermedad, y en su momento debido a la suspensión en sus funciones y posterior remoción a causa de eventuales delitos funcionarios”.

“Es importante destacar que fue Lorena Carrasco, la actual vulnerada en sus derechos, quien advirtió e informó de potenciales actuaciones irregulares del fiscal Muñoz, entablando las denuncias correspondientes, ya que ellas podrían ser hechos constitutivos de delitos. Actualmente el ex fiscal individualizado se encuentra formalizado por tales acusaciones por su presunta participación en delitos de cohecho y revelación de secretos, en el marco de la Ley de Drogas, cometidos durante el año 2022”.

“Sin embargo, y en vez de concentrar los esfuerzos de la Fiscalía Regional en desentrañar todas y cada una de las irregularidades y posibles delitos que aquel fiscal había cometido, se generó una búsqueda incesante de fallos, errores y faltas que nuestra representada Lorena Carrasco pudiera haber cometido, durante su excesivamente largo período de subrogancia”.

Sumario disciplinario

Con esa finalidad el fiscal regional, Cristián Crisosto, ordenó la instrucción de un sumario disciplinario, que recayó en la recurrida como fiscal investigadora.

La investigación se centró en un informe de auditoría practicada a la Fiscalía Local de Puerto Natales solicitada por la nueva fiscal local Romina Moscoso, (quien reemplazó al Fiscal Muñoz a partir del 20 de febrero de 2024) que indicaba supuestas irregularidades en 38 causas.

“Lo cierto es que ni delitos ni faltas a la probidad se han detectado hasta la fecha de parte de Lorena Carrasco en tales causas. Sin embargo, de manera extraña, en vez de decidir por el sobreseimiento de la investigación, se optó por seguir buscando argumentos para buscar algún motivo que permita sancionarla”.

Por ello el mismo fiscal regional ordenó una ampliación de los hechos investigados con fecha 28 de mayo, fundado en que de los dichos de la actual fiscal jefe de Natales, “y sorprendentemente de las declaraciones del ex fiscal jefe de Puerto Natales Cristián Muñoz, quien inexplicablemente fue citado a deponer en esta investigación y en base a tal declaración habrían surgido otros antecedentes que obligaron a ampliar los hechos de la investigación”.

El recurso da cuenta que se continuó con la investigación, “y como nada se obtuvo, se ordenó una segunda ampliación de la investigación administrativa por parte del fiscal regional”.

Esto, a través de un correo que Crisosto remitió a la fiscal instructora “…para que pueda evaluar solicitar la ampliación de los hechos a investigar en la investigación sumaria a su cargo”. Es decir, la misma autoridad que debe velar por la objetividad a lo largo de este proceso y resolverlo, en definitiva, remitió antecedentes para involucrar a mi representada”.

De ahí nace el recurso de reposición que presentaron los abogados ante el fiscal regional, con apelación subsidiaria ante el Fiscal Nacional, porque la fiscal recurrida lo rechazó, “sin tener competencias para ello”, según argumentan.

Hacen presente que el recurso de protección no se refiere al fondo del problema ventilado en el procedimiento administrativo disciplinario, sino que a “la ilegalidad flagrante cometida por la fiscal investigadora, arrogándose facultades de que carece”.