Informe de Contraloría revela que 170 centros de cultivo de salmones “sin operación” no fueron analizados por Sernapesca

La Contraloría General de la República publicó su informe de auditoría Nº9 de 2024 donde se fiscalizó el proceso de evaluación y declaración de las causales de caducidad que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura respecto de concesiones de acuicultura de salmónidos. Las instituciones auditadas fueron el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SS.FF.AA.) y cuyas conclusiones devinieron en procedimientos disciplinarios para determinar responsabilidades administrativas derivadas de los hallazgos.

El primer punto que hace referencia el informe es sobre una denuncia de Fundación Terram, derivada en junio de 2022 por la SS.FF.AA., sobre una eventual configuración de la causal de caducidad por no operación en 646 centros de cultivo de las regiones de Los Lagos, Aysén y de Magallanes. Se determinó que al 31 de octubre de 2023, Sernapesca no había atendido la denuncia mediante el cual solicitan evaluar los centros y en caso de configurarse las causales de caducidad, informar de ello a la subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

En consecuencia, Sernapesca tendrá un plazo de 60 días hábiles desde emitido el informe final, publicado el 8 de agosto de 2024, para informar del resultado o el avance de las evaluaciones realizadas a los centros denunciados. Por otro lado, deberán adoptar medidas tendientes a evitar que se reiteren estas situaciones. Esta primera observación fue catalogada como “altamente compleja”.

En un comunicado público, Fundación Terram, que proporcionó información sustancial para la auditoría, indica que “el informe de Contraloría permite reafirmar que la industria de la salmonicultura en Chile ha crecido gracias a las omisiones de diversos organismos públicos que no han hecho cumplir la ley vigente, aun cuando son estos mismos los llamados a fiscalizar y sancionar tales incumplimientos”.

Concesiones sin operaciones

Junto con lo anterior, la Contraloría identificó que 170 concesiones se encontraban sin operaciones por más de 24 meses en las bases de datos del Sernapesca, no obstante, el organismo no evaluó si incurrieron en causales de caducidad para luego denunciarlos a la SS.FF.AA.

En paralelo, la auditoría determinó que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas mantiene 79 procedimientos de caducidad pendientes, iniciados entre 2016 y 2023, mientras que otros 36 procedimientos excedieron el plazo máximo de 6 meses de duración, alcanzando un promedio de 26 meses. Dicha inacción permitió que los centros de cultivo reiniciaran sus operaciones en esos periodos, eludiendo la caducidad.

“La dilación detectada ha llevado a que los centros de cultivo informados por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a la SS.FF.AA. que incurrirían en posibles incumplimientos que darían origen a la declaración de caducidad de las concesiones de acuicultura, puedan reiniciar sus operaciones en ese periodo de inacción, lo que podría comprometer la eficacia de las funciones de fiscalización del Sernapesca”, concluye el informe de Contraloría.

El organismo contralor indicó que la Subsecretaría debe elaborar un plan de trabajo que permita concluir la evaluación de los 79 centros pendientes en un plazo de 60 días hábiles. Además, la SS.FF.AA. deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.

Sin coordinación

El último punto conclusivo del informe de Contraloría es que, pese a ser los organismos estatales encargados de velar por el correcto cumplimiento de la legislación, el Sernapesca y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas “carecen de una estructura de coordinación para gestionar conjuntamente las acciones relacionadas con la evaluación y declaración de las causales de caducidad de la Ley General de Pesca y Acuicultura analizadas en este informe. Esta falta de coordinación podría afectar la eficiencia y eficacia de ambas instituciones en el cumplimiento de sus funciones”.

Como respuesta, ambas instituciones deben generar de manera conjunta una “estructura, mecanismo u otro medio de coordinación, que le permita a cada uno de los organismos contar de manera oportuna con la información que el otro produzca”.