Gasto presupuestario

El “caso Convenios” ha tenido un impacto significativo en la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, incluido el de Magallanes, que históricamente ha sido una de las regiones líderes en gasto. Las modificaciones incorporadas en la Ley de Presupuesto 2024, diseñadas para incrementar los controles y prevenir casos de corrupción similares, han ralentizado considerablemente la capacidad de inversión de las regiones, introduciendo más trabas y limitaciones administrativas.

Es evidente que, aunque estas medidas buscan reforzar la transparencia y evitar el mal uso de los recursos públicos, han tenido la consecuencia no deseada de ralentizar el proceso de ejecución de proyectos. La implementación de procesos adicionales, como las dobles visaciones, la necesidad de aprobaciones del Core para todas las modificaciones presupuestarias y las tramitaciones ante Dipres y Contraloría, han extendido los tiempos administrativos y, por ende, la ejecución del presupuesto.

Además, los cambios significativos en la administración de fondos han impuesto una mayor burocracia. Las unidades técnicas o las organizaciones beneficiarias del 8% de los fondos deben ahora recibir los recursos de forma parcelada, y solo una vez que hayan rendido cuentas por completo de sus iniciativas, el presupuesto se considerará ejecutado. Esto no sólo posterga la vida útil de los proyectos, sino que también aumenta la carga administrativa para las entidades involucradas.

A pesar de estas dificultades, Magallanes ha logrado un incremento en su marco presupuestario, pasando de $67 mil 846 millones a $81 mil 865 millones, lo que representa un incremento del 20,66%. Esta es una buena noticia, ya que la región ha recibido $14 mil 20 millones adicionales en el primer semestre, los cuales serán destinados a proyectos prioritarios que necesitan financiamiento.

Pese a la ralentización en la ejecución presupuestaria, la programación financiera está en control en nuestra zona y se espera que los proyectos se ejecuten conforme al ritmo establecido por cada proceso, llegando a fin de año al 100% de inversión materializada.

Lo sucedido en Magallanes y a lo largo de todo el país deja en claro que es crucial, sin embargo, encontrar un equilibrio entre la necesidad de controles estrictos y la eficiencia en la ejecución del gasto, para que las regiones puedan continuar desarrollándose sin trabas innecesarias.

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, pero no deben ser un obstáculo para el progreso.