A un año del Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia…

Michelle Peutat, seremi de Justicia
y Derechos Humanos de la Región de
Magallanes y Antártica Chilena

Como cada 30 de agosto se conmemora un nuevo Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, desde la seremi de Justicia y Derechos Humanos nos abocamos a la tarea de fortalecer la difusión del Plan Nacional de Búsqueda, política pública impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric Font. Como público objetivo para esta tarea, y a propósito de coincidir con el mes de la juventud, elegimos a este grupo etario como el más indicado para recibir el mensaje.

De esta manera, desarrollamos distintas actividades en establecimientos educacionales, tanto de enseñanza media como universidades e institutos, contando cuáles son los objetivos del Plan Nacional de Búsqueda y también dando a conocer la historia de Silvio Francisco Bettancourt Bahamonde, única víctima calificada de desaparición forzada en la Región de Magallanes. Para nuestra sorpresa, fueron muy pocos los y las jóvenes que nos manifestaron conocer que en Chile existieron detenidos que fueron brutal y sistemáticamente vulnerados en sus derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, y que aún se desconoce el paradero de cerca de 1.093 de ellos. También hubo asombro de estos y estas jóvenes, cuando supieron que por 50 años la búsqueda de estas personas estuvo exclusivamente a cargo de sus familiares, víctimas también de estos crímenes de lesa humanidad. Lo anterior nos habla de la necesidad y obligación permanente que tenemos como Estado en la promoción y educación de derechos humanos.

Si bien el Plan Nacional de Búsqueda tiene como objetivo principal esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y destino final de las personas víctimas de desaparición forzada en el marco de la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, también cumple el importante rol de mantener viva la memoria de la sociedad en su conjunto, de no olvidar para evitar que esta triste parte de nuestra historia se repita. Reconocer y condenar colectivamente la violencia de este periodo es fundamental para la convivencia democrática de nuestro presente y futuro como país, sobre todo en tiempos donde la discusión en torno a la violencia se centra en imputaciones individuales y no en cómo fortalecer la manera de relacionarnos, propendiendo a una ciudadanía más solidaria, humanitaria, libre de actos de discriminación y odio.

Esta política, que excede las obligaciones de la administración de nuestro gobierno y se constituye como una obligación de Estado, también se ha planteado como objetivo garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto a los procesos de búsqueda. Es así como prontamente se hará pública una página web con la nómina única y oficial de las personas víctimas de desaparición forzada, las fechas de su desaparición, militancias y procesos judiciales asociados. Listado que no estará cerrado y se podrá nutrir de nuevos casos a partir de la información recibida por el Plan. Además, esta plataforma contará con un mapa georreferenciado que contendrá las trayectorias de desaparición forzada, a partir del cruce de un gran número documentos que serán sistematizados y cuya información será cruzada mediante el uso de inteligencia artificial.

En cuanto a la justicia, y producto del diálogo con actores relevantes como los ministros y ministras en visita extraordinaria, la PDI y el SML, entre otros, se han priorizado en una primera etapa 47 sitios de interés en todo Chile, tres de estos en Magallanes, donde se aumentará el trabajo de búsqueda en terreno mediante el financiamiento de pericias de alta tecnología que irán en apoyo de las investigaciones judiciales. Adicionalmente, el Programa de Derechos Humanos que ejecuta el Plan, ha aumentado significativamente su participación en causas judiciales de víctimas de desaparición forzada e incluso ha presentado nuevas querellas producto de la información recibida sobre víctimas que no fueron incluidas en los informes elaborados en el retorno a la democracia.

Sin embargo, y tal como lo ha dicho nuestro Presidente de la República, el Plan Nacional de Búsqueda no es un logro del gobierno, es fruto del trabajo y persistencia de todas las familias y víctimas de la dictadura, quienes jamás han dejado de luchar, es a ellos a quienes les debemos como sociedad y como Estado la verdad y justicia que merecen.