Servicio de Impuestos Internos se querella contra empresa y la acusa de operar con facturas falsas
Este lunes el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal en contra de la empresa regional Construmaq ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, la cual fue declarada admisible al día siguiente. La acción se extiende contra todas las demás personas que resulten responsables y los hechos describen una maniobra de delito tributario. La acusación atribuye la falsificación de facturas electrónicas de tres supuestos proveedores, generando un perjuicio fiscal ascendente a $84.940.539.
El SII realizó un proceso de recopilación de antecedentes, estableciendo que los querellados, representante y administrador de la empresa del rubro de la construcción y arriendo de maquinaria para el movimiento de tierra, declararon crédito fiscal ficticio recargado en 15 facturas supuestamente falsas por operaciones que jamás se realizaron, correspondientes a 6 periodos tributarios mensuales comprendidos entre agosto 2018 a marzo 2019.
La generación de estos documentos permitieron aumentar “de forma maliciosas las imputaciones que la sociedad tenía derecho a hacer valer por tal concepto, en relación con las cantidades que debía pagar, disminuyendo de esa forma ilícitamente, el monto del Impuesto a las Ventas y Servicios que debía enterar en arcas fiscales”, señala el libelo admitido a trámite.
Estas 15 facturas electrónicas falsas utilizadas por los querellados, fueron emitidas por tres supuestos proveedores, quienes emitieron 6, 4 y 5 facturas electrónicas respectivamente.
Operaciones falsas
Según constató el Servicio de Impuestos Internos, la falsedad de las operaciones quedó al descubierto en virtud de diversas circunstancias. En primer lugar, las facturas provinieron de empresas que “en ningún caso pudieron realizar las operaciones que dan cuenta las facturas por servicios de construcción, albañilería, gasfitería, remodelaciones, entre otras obras menores, por cuanto ninguno de los emisores registra compras asociadas a las operaciones que dan cuenta las facturas observadas, no informan trabajadores ni personal a honorarios”.
Además, los proveedores no registraron actividades como personas tampoco registran activo fijo necesario para la actividad que desarrollan ni como personas naturales ni empresarios individuales o sociedades, no registran vehículos o facturas recibidas por servicio de flete que les permita el traslado de materiales, los domicilios informados para el desarrollo de la actividad no cuentan con las instalaciones para tal efecto o su destino es habitacional, por ende, los servicios y ventas consignadas en las facturas no pudieron haberse realizado.
Se consignó que los tres supuestos proveedores se encuentran en la nómina de emisores agresivos, esto es, contribuyentes que “se han constituido como tales con el fin de emitir facturas por operaciones ficticias, a fin de traspasar crédito fiscal falso al receptor del documento tributario”.
Por otro lado, se señala en la querella, estos proveedores fueron constituidos el año 2018 con un capital que no guarda relación con los montos de los servicios que facturan; entre el 2019 a 2022 ninguno declaró impuesto a la renta; ninguno de los tres han acompañado declaraciones juradas anuales complementarias y obligatorias, que den cuenta, entre otras informaciones, del personal con el que cuentan para realizar las actividades facturadas.
Diligencias
A la querella se acompaña un Informe de Recopilación de Antecedentes actualizado a marzo de 2024, suscrito por funcionarios del Departamento Regional de Fiscalización de la XII dirección regional Punta Arenas del Servicio de Impuestos Internos.
La causa es llevada por el fiscal jefe Sebastián González Morales, a quien se le ha solicitado despachar la instrucción particular a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile (Bridec), para realizar diversas indagaciones.
