La responsabilidad en las promesas electorales y su impacto fiscal

En tiempos de elecciones, nunca está de más recordar la importancia de la responsabilidad en las promesas de campaña. Es crucial que los candidatos no sólo tengan un sentido básico de realismo al hacer propuestas, sino que también consideren si, desde el cargo al que aspiran, realmente pueden abordar los temas que levantan mediáticamente. No se trata sólo de responsabilidad ante lo que se dice a los votantes, sino también de algo aún más esencial: la responsabilidad fiscal.

En las próximas semanas estaremos expuestos a una oleada de propuestas. Ante esto, es vital que nos hagamos algunas preguntas fundamentales: ¿Cuánto cuesta lo que se está proponiendo? y ¿De dónde provendrán los recursos para llevar a cabo estas iniciativas? Cuando escuchamos promesas sobre grandes proyectos de infraestructura o la creación de nuevos centros de salud, cultura o deporte, debemos recordar que estos no sólo implican costos de construcción. También conllevan un gasto permanente relacionado con su administración, mantenimiento y personal. Por ello, surge una interrogante clave: ¿Quién se hará cargo de estos gastos a largo plazo?

Esta es una de las decisiones fundamentales que deben estar presentes en los procesos democráticos que conforman las elecciones. En un país en vías de desarrollo, con recursos limitados, y en una región que representa sólo el 1% de la economía nacional, es esencial que decidamos estratégicamente qué gastos privilegiar para avanzar hacia el desarrollo regional que todos aspiramos.

Es importante subrayar que en estas elecciones no estamos eligiendo a representantes con facultades legislativas, y por ley, en Chile, las decisiones de gasto público recaen exclusivamente en el Presidente de la República. Sin embargo, es necesario recordar que el financiamiento del Estado proviene de los impuestos que todos pagamos. Por lo tanto, cuando escuchamos promesas de reducción de impuestos, aunque sean sectorizadas o temporales, debemos ser conscientes de que esto podría traducirse en menos recursos para áreas clave como la salud, la educación, la seguridad y la vivienda. A la inversa, el aumento del gasto público en estas mismas áreas requiere, en muchos casos, un incremento en la recaudación fiscal.

En conclusión, las elecciones no sólo son una oportunidad para elegir representantes, sino también para debatir, de manera informada y consciente, sobre el futuro fiscal y económico del país y la región. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos, evaluar las promesas que se nos hacen no sólo por su atractivo inmediato, sino también por su sostenibilidad a largo plazo.