Reducción de la burocracia en la construcción de viviendas

Una de las demandas más recurrentes de los postulantes a viviendas apunta a acortar los plazos para apurar la ejecución de los proyectos habitacionales, que empuja el Minvu a lo largo del país como estrategia del gobierno de turno.

Y, no sólo constituye una apuesta por cumplir el programa habitacional, sino también por reducir los tiempos de tramitación de solicitudes en las oficinas de Obras Municipales y favorecer igualmente a los pequeños propietarios, que quieren regularizar sus construcciones, como también a los desarrolladores inmobiliarios.

En esta línea, una iniciativa legal surgida en noviembre de 2022, la que este lunes fue despachada a ley, tras su aprobación unánime en el Parlamento, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones con el objetivo de reducir los plazos para diversos procedimientos de edificación, y clarifica las sanciones para los directores de Obras Municipales y mejora la transparencia en la gestión de permisos y declaraciones.

En la discusión, se puso de relieve la actual situación del sector de la construcción, el que representa un 7% del Producto Interno Bruto (Pib) y un 10% del empleo generando 18 mil millones de dólares por año. Así se indicó que, a julio de este año, se aprobaron 2 mil viviendas nuevas en Chile, lo que equivale a una caída en la entrega de permisos de un 76,7% anual.

En cuanto a los beneficios de agilizar los permisos de edificación, se hizo ver que el proyecto permitirá reducir un 30% los tiempos, lo que implicará que miles de viviendas puedan ser utilizadas considerando que muchas ya están construidas, pero les falta solamente, conectar la electricidad, por ejemplo.

En lo medular, la nueva ley simplifica la labor del director de Obras Municipales disponiendo que éste deberá revisar únicamente el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra, conforme al permiso otorgado, y procederá, en el plazo de 30 días, a efectuar la recepción, si fuere procedente, o a poner en conocimiento del solicitante la totalidad de las observaciones que estime deben ser aclaradas o subsanadas para otorgar la recepción, indicando con claridad la o las normas supuestamente no cumplidas. 

Asimismo, exige que las empresas proveedoras de servicios sanitarios y eléctricos respondan a las solicitudes de factibilidad en un plazo máximo de diez días desde su recepción.

La modernización del sistema, que procura avanzar en la solución de otros nudos críticos presentes en el proceso de tramitación de los permisos de edificación, es una buena noticia para el sector de la construcción, que apuesta por una mayor productividad, en un esfuerzo público privado, contribuyendo con ello a dinamizar el desarrollo inmobiliario, dejando atrás una burocracia que genera la permisología en la reactivación económica.