“Creemos que el sistema actual (de financiamiento), basado en vouchers y subvenciones, es completamente ineficaz”

En un momento crucial para la educación en Chile, Mario Aguilar Arévalo, presidente del Colegio de Profesores de Chile, aborda las principales problemáticas que afectan al gremio y a la educación pública en general. Con temas urgentes como la deuda histórica de los profesores y la falta de una política nacional de infraestructura, además de las promesas incumplidas por parte del gobierno y la necesidad de soluciones inmediatas.

En esta conversación, Aguilar también profundiza en la violencia que se vive dentro de los establecimientos educacionales y la importancia de un proyecto de ley que regule la convivencia escolar, uno de los problemas más graves que afectan a estudiantes y docentes. Señala que, aunque la ley avanza, aún quedan importantes aspectos por mejorar.

También Aguilar pone el foco en la Región de Magallanes, donde las fallas en la infraestructura han generado pérdidas significativas de clases. Aguilar insiste en que el gobierno debe actuar con urgencia para mejorar las condiciones de las escuelas, y reitera que el financiamiento basal es clave para asegurar una educación de calidad y sostenida a largo plazo.

– ¿Cuáles son los proyectos pendientes y las prioridades del Colegio de Profesores en materia de educación?

– “Uno de los temas emblemáticos que tenemos pendientes es la deuda histórica. El gobierno ha prometido dos veces presentar un proyecto de ley para reparar esta deuda y no ha cumplido. Esto nos tiene bastante molestos. Ahora hay una nueva promesa de que antes de fin de año se enviará el proyecto al Congreso. Estamos atentos para conocer las condiciones del proyecto y consultarlo con nuestros colegas para evaluar si es aceptable o no”.

“Otro tema es el proyecto de convivencia y agresiones a docentes, que está en el Congreso, que hemos trabajado con el Ministerio de Educación. Nos sorprendió y molestó que algunos sectores de derecha votaran en contra de legislar un tema tan necesario como regular la convivencia escolar, uno de los problemas principales de la educación hoy. También está el proyecto de educación pública, que aunque tiene aspectos valiosos, es insuficiente para abordar los serios problemas que enfrenta la nueva institucionalidad”.

– Uno de los principales puntos críticos es que el financiamiento sigue siendo inadecuado. ¿Cuál es su visión al respecto?

– “El financiamiento es un tema crucial. Creemos que el sistema actual, basado en vouchers y subvenciones, es completamente ineficaz. Este modelo, que se usa tanto para la educación pública como privada, es inestable y genera muchos problemas. Chile es prácticamente el único país en el mundo que financia la educación pública de esta manera. Nosotros proponemos un financiamiento basal, por presupuesto, para asegurar la estabilidad y calidad de la educación pública”.

– Ustedes realizaron un video sobre la encuesta Cadem, donde mencionan coincidencias importantes entre la percepción ciudadana y las demandas del gremio. ¿Qué puede destacar de esos resultados?

– “Aunque la metodología de la encuesta tiene sus problemas, lo que muestra es que existe una coincidencia entre las preocupaciones de la ciudadanía y los temas que el Colegio de Profesores ha estado planteando por mucho tiempo. Esto confirma que nuestras luchas no son sólo reivindicativas, sino que buscan mejoras reales en las condiciones de la educación, tanto para los estudiantes como para los docentes”.

– ¿Cómo evalúa las medidas que ha tomado el gobierno en materia de convivencia escolar?

– El proyecto de ley que está en el Parlamento aborda bien la problemática de la convivencia escolar. Nosotros participamos en el trabajo prelegislativo, por lo que muchos de los temas que planteamos están incorporados. Sin embargo, creemos que la ley no resolverá mágicamente los problemas de violencia”.

“Hay un par de cosas que creemos podrían mejorar, que las planteamos en la mesa que tuvimos con el Ministerio y también lo estamos planteando ahora en el debate parlamentario, pero en lo sustantivo nos parece que es un proyecto de ley que si se aprueba en esos términos va a ser un avance, va a entregar herramientas que hoy día no existen y va a entregar protección mayor a las víctimas que tampoco existirían. Muchas veces cuando un docente es agredido, un funcionario es agredido, queda absolutamente desprotegido. Y esta ley va a entregar mejores herramientas, y en ese sentido creemos que es mejor. No somos tan ingenuos de creer que una ley va a modificar mágicamente los problemas de violencia que están en la sociedad y que llegan a la escuela”.

– En cuanto a las agresiones a docentes, ¿cuál es la situación actual?

– “El tema ha crecido de manera alarmante. Hemos llegado a situaciones extremas, como el suicidio de dos colegas, además de agresiones que han dejado a docentes hospitalizados. Esto no es algo menor, y es un problema que debe ser abordado con urgencia, no sólo por el gobierno, sino por toda la sociedad. No es aceptable que las escuelas sean lugares inseguros. Esto refleja una violencia generalizada en nuestra sociedad que debemos combatir con prioridad”.

– La infraestructura escolar en regiones como Magallanes también ha sido motivo de preocupación. ¿Cuál es su evaluación sobre las medidas adoptadas para mejorar esta situación?

– “El abordaje hasta ahora ha sido pobre. Estamos hablando de décadas de falta de mantención y reparación de infraestructura. El deterioro es tan grande que lo que se está haciendo es completamente insuficiente. Las malas condiciones físicas en los colegios generan un ambiente muy negativo, lo que afecta no sólo la convivencia, sino también el aprendizaje. Necesitamos un plan de emergencia para abordar la infraestructura educativa de manera integral”.

– En Magallanes se ha informado que se han perdido meses de clases debido a problemas de infraestructura, como la falta de agua o la falla en las calderas. 

– “Es alarmante que en Magallanes se hayan perdido meses de clases por problemas de infraestructura. Eso es inaceptable. Refleja exactamente lo que hemos venido denunciando: la falta de una política efectiva de mantención y mejoramiento de infraestructura escolar. Esto tiene que cambiar, y debe hacerse con urgencia”.

– Finalmente, ¿qué solución se está evaluando para el jardín Gabriela Mistral, que ha enfrentado serios problemas?

– “El jardín Gabriela Mistral ha tenido una historia muy triste y mal manejada por dirigencias regionales. Ha llegado al colapso, con una deuda significativa que afecta a los profesores del resto del país. Estamos evaluando vender la propiedad, aunque también se ha planteado la posibilidad de reactivar el jardín a través de un arriendo. Queremos darle una solución definitiva durante nuestro periodo gremial de tres años”.