Despidos de académicos de la Umag y fallo de la Corte Suprema

Inesperados y, ciertamente, polémicos resultaron los despidos de académicos que, más o menos hace un año, resolvió una comisión especial al interior de la Universidad de Magallanes (Umag). 

Lo sucedido suscitó un debate intenso y polarizado, enfrentando a la comunidad académica con la rectoría. Así, la medida fue rechazada, principalmente, por la directiva de la asociación de académicos al estimar que se había obrado fuera del marco legal y que constituía una vulneración de los derechos laborales de sus afiliados. Por su parte, la actual plana directiva de la Umag defendía la no renovación de contratos. 

De inmediato muchos de los afectos anunciaron que recurrirían a los tribunales para reclamar y buscar con ello que se dejara sin efecto los despidos.

Estos casos terminaron en la Corte Suprema, cuya tercera sala se pronunció respecto de cinco presentaciones interpuestas por exacadémicos. El máximo tribunal confirmó lo que ya había resuelto la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en cuanto a ordenar a la casa de estudios superiores a dejar sin efecto la no renovación de los contratos para el año 2024.

En rigor, la corte reprochó el que el rector de la Umag se haya apoyado en un órgano sin facultades legales y sin que se hubiera realizado una investigación previa con arreglo a los protocolos institucionales. Con ello, se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso y, según se apunta, vulnerando preceptos constitucionales.

Ciertamente, la sentencia de la Corte Suprema es significativa y es un duro revés para la Umag. 

Este fallo debe ser entendido como un llamado de atención para la Umag y otras instituciones académicas. Es crucial que, en el futuro, cualquier proceso de no renovación de contratos o despidos se realice con la debida transparencia, permitiendo que los afectados conozcan las evaluaciones de su desempeño y tengan la oportunidad de presentar sus descargos. La protección de los derechos laborales y el respeto por los procedimientos legales son fundamentales para preservar la integridad de las instituciones educativas y la confianza de su comunidad.