Fortalecimiento de universidades públicas, una de las deudas del gobierno de Boric

Siendo parte de la generación de estudiantes que salió a las calles para exigir enseñanza de calidad y acceso más equitativo y universal a la educación superior, se crearon muchas expectativas en torno al Presidente Gabriel Boric y cuánto se podría avanzar en este ámbito durante su gobierno, no sólo respecto del Cae, sino respecto a las universidades del Estado.

El debate sobre el rol de las universidades estatales se ha intensificado en los últimos años, no sólo porque desempeñan un papel fundamental en la formación académica y profesional de miles de jóvenes, sino porque son actores claves en el desarrollo del país y la cohesión social.

Sin embargo, para que cumplan plenamente esa función, es imperativo que se les brinden los recursos necesarios, ya que las instituciones públicas enfrentan serias limitaciones en cuanto a financiamiento.

En regiones como la nuestra, el rector de la Universidad de Magallanes (Umag) ha sido contundente al señalar que, aunque estas universidades son esenciales para el desarrollo local, muchas veces se ven relegadas por una falta de recursos que limita su capacidad de acción. Esto afecta a los estudiantes y a la calidad de la educación que se imparte y también al tejido social y económico de esas regiones. Las universidades del Estado, en muchas ocasiones, son las únicas instituciones que tienen la capacidad de generar investigación y proyectos de desarrollo local que contribuyen al progreso de la región. 

Un aspecto crucial es el papel que desempeñan las universidades públicas en la cohesión social. 

En regiones como Magallanes, donde las disparidades en el acceso a servicios y oportunidades son notorias, la Umag debe ser un actor clave en la creación de un sentido de pertenencia y solidaridad, que va más allá de la educación académica.

En este sentido, el presupuesto 2025 destinado a la educación superior en Chile ha generado un consenso generalizado de insatisfacción. La asignación de recursos no es suficiente para satisfacer las necesidades actuales de las universidades del Estado, que enfrentan una creciente demanda de formación y de investigación de calidad. La falta de inversión en estas instituciones no sólo limita el acceso a la educación superior de los sectores más vulnerables, sino que también frena el progreso económico del país. Los establecimientos públicos tienen un potencial enorme para generar innovación, crear conocimiento y fomentar la transferencia tecnológica, pero para ello necesitan estar adecuadamente financiadas.