Caso Procultura: probidad y transparencia
La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Coquimbo en torno al caso Procultura ha puesto bajo la lupa una serie de hechos relacionados con el uso de recursos públicos en proyectos gestionados por esta fundación, en colaboración con diversas entidades gubernamentales de Magallanes.
Un equipo de la Fiscalía se trasladó a la zona para tomar declaración a 25 personas, entre ellas, funcionarios de alto rango del gobierno regional, la municipalidad de Porvenir, la secretaría regional ministerial (Seremi) de Vivienda y la propia fundación. Aunque la arista magallánica del caso involucra proyectos de menor escala en comparación con otros escándalos recientes, la magnitud de los posibles delitos y su impacto en la confianza pública no deben subestimarse.
Este tipo de investigaciones, que buscan esclarecer irregularidades en la asignación y ejecución de fondos públicos, son esenciales para garantizar que los recursos destinados al desarrollo de las regiones sean utilizados con responsabilidad, transparencia y en beneficio de la ciudadanía.
Aunque hasta el momento se habla de dos convenios de menos de 30 millones cada uno, las denuncias de mal uso de los recursos, tráfico de influencias o colusión entre actores políticos y empresariales pueden resultar igualmente perjudiciales para la confianza pública.
Lo que está en juego no es sólo la legalidad de los actos cometidos, sino también la percepción de la ciudadanía sobre la idoneidad de sus autoridades. El hecho de que funcionarios de alto nivel estén siendo investigados genera una situación delicada que requiere, más que nunca, un manejo transparente de la información.
Es fundamental que, en aras de dicha transparencia, emane del gobierno regional información que clarifique los hechos y que los ciudadanos reciban detalles claros sobre el avance de la investigación, para evitar que el silencio o la desinformación generen suspicacias que terminen afectando aún más la legitimidad de las instituciones.
Más allá de la gravedad de los delitos que se lleguen a formalizar, lo que está en juego en este caso es la confianza de la ciudadanía en su sistema de gobernanza. La máxima autoridad regional y el alcalde de Porvenir deben ser los primeros en garantizar que todo el proceso investigativo sea transparente, claro y accesible, para así evitar que las dudas sobre la gestión pública sigan creciendo. La justicia debe ser imparcial, pero también debe estar acompañada de un proceso comunicacional que permita a la comunidad mantenerse informada y tranquila, sin dejar lugar a especulaciones ni desinformación.
