Gremios solicitan reconsiderar dictamen de Contraloría que limita protección de derechos laborales de servidores públicos
El pasado 6 de noviembre, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, firmó un dictamen que ha generado debate en torno a la protección de los derechos laborales de los servidores públicos. En su resolución, la Contraloría se abstuvo de pronunciarse sobre la “confianza legítima” en casos de renovación de contratas de funcionarios, argumentando que la materia se había vuelto litigiosa, citando criterios de la Corte Suprema que establecen que dicha confianza se configura sólo después de cinco años de renovaciones continuas. Esto ha originado una controversia, ya que muchos consideran que la decisión de la Contraloría vulnera los derechos de los funcionarios públicos y evade su obligación de pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos que afectan a estos trabajadores.
El dictamen se ha fundamentado en la interpretación de que, debido a la variabilidad de la jurisprudencia de la Corte Suprema, los casos sobre confianza legítima deben ser resueltos por los tribunales, no por la Contraloría. Sin embargo, se ha cuestionado que esta postura de abstención podría dejar a los servidores públicos desprotegidos, al no permitirles recurrir a la Contraloría para resolver posibles ilegalidades en sus despidos o no renovaciones, lo que contradice el principio de legalidad y el derecho de los funcionarios a impugnar actos administrativos.
Las movilizaciones se han dado a lo largo del país en las afueras de cada Contraloría. El día de ayer se reunieron representantes de gremios diversos, como la Central Unitaria de Trabajadores (Cut), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), entre otros de la salud y de educación.
Representando a la Asociación de Funcionarios de la Umag (Afum), Mónica Alvarez Mancilla expuso que la acción a nivel nacional busca velar “por la estabilidad laboral de nuestros compañeros”. Como acción directa ingresaron un recurso de reclamación ante la Contraloría, lo que fue replicado en el resto del país, solicitando retrotaer la medida decretada.
El debate sobre este dictamen continuará, con voces que piden su reconsideración, advirtiendo que la interpretación actual de la Contraloría pone en riesgo la estabilidad laboral de los servidores públicos y vulnera derechos fundamentales, como el derecho a recurrir a una instancia administrativa cuando se sospecha de ilegalidades en los actos administrativos que afectan sus derechos. En caso de que la reconsideración no sea acogida, se advierte que se recurrirá a instancias judiciales internacionales.
