Gobernadores regionales: ¿las segundas partes pueden ser mejores?
Mila Ríos/Académica del
Departamento de Política y Gobierno,
U. Alberto Hurtado/El Mostrador
Al igual que las buenas películas que cuentan con segundas partes, la elección de gobernadores regionales podría ofrecer una versión mejorada, una que entusiasme y revierta no sólo un estreno deslucido y aburrido, sino también la sensación de haber perdido el tiempo presenciando un mal estreno.
La elección directa de los gobernadores regionales mediante sufragio universal fue una respuesta a la deuda pendiente en materia de descentralización, buscando avanzar en la dimensión política del nivel subnacional regional. Mientras que el nivel local había avanzado en la clásica distinción de lo político, administrativo y fiscal, el nivel regional sólo contaba con descentralización administrativa.
Dicho lo anterior y dando por superada la discusión de si era algo que la gente realmente demandaba, lo cierto es que a través de las leyes 21.073 y 21.074, promulgadas el año 2018, se dio un nuevo impulso al proceso de descentralización sobre todo a nivel regional: la primera ley, dispuso la elección (y sustitución del intendente regional) del gobernador regional; y la segunda, incorporó nuevas competencias al gobierno regional, regulando el proceso de transferencia de competencias desde ministerios y servicios públicos hacia el nivel regional; posibilitando la creación de áreas metropolitanas, fortaleciendo el rol planificador del gobierno regional.
Un despliegue de acuerdo a lo esperado de ambas leyes, probablemente, hubiese permitido observar un mejor desempeño, pero durante junio del año 2023, el destape de lo que conocemos como caso Convenios involucró a varios gobiernos regionales y, con ello, se alteró el proceso, congelando la agenda pro descentralización.
El cauce natural del proceso de descentralización hubiese considerado la eliminación (o redefinición) de la figura del delegado presidencial (compromiso de campaña del Presidente Boric); el fortalecimiento del rol del gobernador regional, un proceso de transferencia de competencias avanzando de manera prioritaria, mayor consenso político para promover y avanzar en el proyecto de ley “regiones más fuertes”, en suma, una serie de acciones y/o medidas que fortalecerían la institucionalidad regional, principalmente, los gobernadores regionales.
En un escenario contrafactual en que todo lo que estaba establecido en los cuerpos legales aludidos se hubiese cumplido y sin evento caso Convenios, es decir, si hubiésemos observado gobernadores regionales desplegando totalmente sus competencias, principalmente en acciones de planificación, prerrogativas presupuestarias, administrativas, normativas y coordinación, ¿hubiese sido el estreno que esperábamos? Imposible saberlo. Sin embargo, es importante hacer notar dos cosas:
De acuerdo con la Ley 21.073 aplicada por primera vez el año 2021, uno de los cambios más sustantivos fue la separación de funciones de administración y gobierno en la región, quedando las primeras radicadas en el gobierno regional, encabezado por el gobernador regional electo, y las segundas, en los delegados presidenciales regionales y provinciales, en los territorios regional y provincial, respectivamente. Cuestión que restringe el carácter político que se espera del gobernador regional.
La crisis de legitimidad que azota a nuestra institucionalidad desde hace varios años no encuentra exención en los niveles subnacionales, por ende, los gobernadores regionales salen a desempeñarse en un terreno adverso y fragmentado.
Así, los gobernadores regionales hicieron su debut, de alguna manera, desprovistos de la armadura necesaria para cumplir con la expectativa ciudadana de una real conducción territorial, especialmente en lo político, pues se asume que la capacidad técnica es un mínimo esperado.
Sin embargo, siempre existe la posibilidad de dar un giro en el guión, uno que implique, por ejemplo, un compromiso real con la participación ciudadana, innovación en la gestión para promover la rendición de cuentas, creatividad para establecer vínculos cercanos con la ciudadanía, sensibilidad para trabajar la identidad regional y de cada uno de sus territorios, liderazgo para combatir la corrupción y entusiasmo para encontrar formas de incentivar una colaboración público-privada honesta, que impulse una economía regional sustentable.
Aquellos gobernadores regionales que comprendan que su rol es crucial, aunque se enfrenten a un contexto adverso, pero con posibilidades reales para revertirlas, serán quienes -eso espero- nos hagan decir al final de su mandato: ¡realmente, las segundas partes son mejores!
