Penalista Nubia Vivanco revela antecedentes de caso ProCultura en Magallanes

Los primeros dos invitados a la primera sesión que llevó a cabo la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados fueron los abogados Nubia Vivanco y Aldo Duque. En sus intervenciones, dieron cuenta de un repaso general de cómo han avanzado las investigaciones, las barreras que se han visto interpuestas, así como triangulaciones que se habrían efectuado para malversar fondos. La primera en abrir la sesión fue Vivanco, quien relató que en Magallanes se planteaba una dinámica de este tipo “desde el año 2021”.

Vivanco da cuenta de que millonarios montos fueron traspasados desde el gobierno regional de Magallanes el 10 de octubre de 2022 a Fundación ProCultura, “para efectos de la mantención de edificios patrimoniales sin detalles de gastos, sin exigencia de detalle de gastos, sin cotización alguna, en abierta contradicción con los manuales de perseguimiento de iniciativas de interés regional concursables. Aquí no hubo concurso”.

Para la abogada penalista, la situación anteriormente descrita daba cuenta de “una asignación de recursos a dedo con una particularidad de afinidades ideológicas”. Posteriormente continuó relatando que “quienes ejecutaban los contratos eran terceros, es decir, ProCultura tercerizaba la ejecución de estos proyectos y en un caso particular, que tiene que ver con pintura de fachadas, parches de quebradoras, esto se ha entregado a una empresa de propiedad de Francisco Fuentes Araya, director de Patrimonio de ProCultura”.

Los primeros antecedentes ya habían sido levantados cuando el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, llevaba la investigación, quien detecta vinculaciones telefónicas entre el gobernador Flies y el psiquiatra Alberto Larraín, presidente de ProCultura. Es a raíz de este hallazgo que se realiza la primera incautación de teléfonos. “Incautado y analizado este teléfono, efectivamente se pesquisan llamadas telefónicas que habían. Sin embargo, no es posible recabar la verdadera comunicación”, señala Vivanco.

Fue la última diligencia de Palma, previo a que la arista ProCultura del caso convenios a nivel nacional fuera delegada al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, de quien la penalista dijo tener “una pésima opinión en términos de su eficacia y seriedad investigativa”. Lo anterior lo basó en las investigaciones que llevó a cabo por querellas presentadas por Carabineros en el marco del estallido social. “De 48 querellas, 44 fueron cerradas por el señor Cooper, cuatro están vigentes y hace más de dos años no se realiza ninguna diligencia investigativa”.

Como abogada independiente, Nubia Vivanco ha ingresado siete querellas: dos en Antofagasta, dos en Valparaíso, una en Chillán, una en contra de ProCultura y otra en Magallanes. Todas las querellas han sido ingresadas por los delitos de fraude al fisco, malversación de fondos, negociación incompatible y tráfico de influencias. Argumentó que su motivación para ingresarlas se debe a que “el órgano persecutor que debiera investigar esto no lo ha hecho con el debido celo y más aún, ha blindado a ciertas autoridades o a ciertos eventuales imputados”.