Ingeniero formalizado por abuso sexual de tres menores deja la cárcel y pasará la Navidad en su hogar
La defensa del ingeniero agrónomo que la semana pasada ingresó a cumplir prisión preventiva por abuso sexual, consiguió que la Corte de Apelaciones revocara la resolución del juez de Garantía.
J.U.L., es investigado, según los hechos que en la audiencia de formalización expuso la fiscal Katerina Aranis, por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de tres menores de edad.
El defensor privado, Ramón Ibáñez Alvarez, interpuso un recurso de apelación a través del cual esperaba revertir la resolución del juez Ricardo Herrera, lo que finalmente consiguió, según se desprende de lo resuelto ayer por la Corte de Apelaciones, integrada por las ministras Inés Recart y Caroline Turner, más el fiscal judicial Pablo Miño.
Atendido los hechos investigados y los antecedentes recopilados hasta ahora por el Ministerio Público, según el tribunal de alzada “existen elementos que permiten concluir que la prisión preventiva decretada aparece como desproporcionada en el presente caso, en circunstancias que otras medidas cautelares, particularmente la peticionada por la defensa en su recurso, resultarán suficientes para los fines del procedimiento”.
Por estas consideraciones revocaron la resolución apelada de fecha 17 de diciembre, dictada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, “y en su lugar se dispone la medida cautelar de arresto domiciliario total”.
Para el defensor, “la resolución impugnada vulnera los derechos de mi representado a la presunción de inocencia y a una defensa justa, generando un agravio innecesario”.
La Fiscalía inició una investigación en contra del profesional el 14 de octubre, por supuestos abusos sexuales impropios, los cuales habría cometido en perjuicio de tres menores de edad.
Esto habría ocurrido en dependencias de un espacio educativo, donde esta persona se habría aprovechado de su rol como “profesor”, abusando de la confianza depositada por los padres en el establecimiento.
Ibáñez defendió su postura de que “no existen pruebas concretas que permitan imputar a mi representado la ejecución de los delitos por los cuales ha sido formalizado”. Y que “la Fiscalía carece de elementos probatorios fehacientes que los acrediten”.
