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– Máximo Segundo Almonacid Guzmán

– Ivonne Cárdenas Ordenes

– Ramón Aliro Díaz Calisto

“Es lamentable, muy reprochable que no haya habido el soporte jurídico que corresponde”

Miércoles 12 de Febrero del 2025

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  • Después de un año y medio de ocurridos los hechos, el imputado del grave delito recién fue formalizado y enviado a prisión preventiva.

La diputada por Magallanes y militante del Frente Amplio, abogada Javiera Morales Alvarado, no recuerda con exactitud el día en que se enteró de los hechos que han remecido la política magallánica y que tiene en prisión preventiva al exjefe de gabinete de la exdelegada presidencial provincial de Ultima Esperanza, Romina Alvarez, acusado de violar a una joven mujer, en ese entonces funcionaria de la misma delegación y subordinada del ahora imputado.

Morales señala que recuerda haber leído comunicados que se emitieron desde la delegación por aquél entonces, pero asegura que “es un caso gravísimo y creo que no recuerdo que haya ocurrido en la región alguno igual”.

Las dudas que surgen respecto del caso son muchas y para la parlamentaria también hay varios puntos que aclarar. “Ha pasado un año y medio desde que se conoce el caso hasta la formalización por parte del Ministerio Público. A uno le gustaría que hubiese sido más rápido, porque la justicia, para ser tal, tiene que ser rápida. Pero uno celebra que se esté avanzando”, sostiene la diputada.

Apoyo institucional

Para la legisladora magallánica hay dos puntos que son fundamentales para este tipo de casos. “Primero, hay que hacer andar todo el apoyo institucional para la víctima y eso entiendo que fue así, desde el Servicio Nacional de la Mujer, que cuenta con el apoyo psicológico, psiquiátrico y también jurídico. La víctima tiene que decidir cuál de estos apoyos concretar o cuáles no. Y lo segundo, poner todos los antecedentes a disposición de la justicia e iniciar los sumarios administrativos, que en este caso entiendo que ya terminaron con la destitución del formalizado”.

Versión de la familia

Sin embargo, especialmente el primer punto ha sido criticado por la propia familia. En conversación con La Prensa Austral, la madre de la víctima relató que el apoyo psicológico llegó recién pasado el segundo mes, que sólo tuvo acceso a una consulta psiquiátrica, y que el apoyo jurídico fue tan nefasto que tuvieron que conseguir un cambio de abogada a través de diligencias con el director nacional del Centro de Apoyo a Víctimas.

Lamentable y
reprochable

Sobre este punto, la diputada Morales recula y sostiene que “lo que relata la madre es gravísimo y tiene que ser investigado”. Como abogada, agrega que “en cuanto al apoyo jurídico que recibió la víctima, este apoyo tiene que ser efectivo. Es  lamentable, muy reprochable que no hayan tenido el soporte jurídico que corresponde, pero sin duda yo creo que en casos como estos hay también un fiscal o una fiscal a cargo y habría que conocer también la versión de la Fiscalía de por qué se demoró el procedimiento tanto para llegar a la formalización”.

¿Por qué tanta demora
en formalizar?

Por otro lado, a la diputada le llama la atención el tiempo de atención para formalizar: “Creo que le corresponde responsabilidad tanto a la abogada querellante como a la Fiscalía en prestar detalles de por qué tanta demora”. En tanto, sobre el procedimiento administrativo, Morales sostiene que “llama la atención de que se haya demorado tanto la destitución (del funcionario imputado). Creo que ahí hay harto espacio de mejora, porque a todos nos llama muchísimo la atención que alguien acusado de cometer un delito tan grave siga contratado o bajo el Estado hasta que termine el procedimiento administrativo”.

Críticas legítimas

En resumidas cuentas, Morales sostiene que “es legítimo hacer una crítica cuando el apoyo institucional, tanto jurídico, psicológico o psiquiátrico no llega de forma oportuna y eficiente. Estos son casos gravísimos en que es necesario, sobre todo, que la cartera de la Mujer actúe de manera eficiente (…) Me gustaría conocer las declaraciones del Servicio Nacional de la Mujer, que es la institución responsable de prestar este apoyo institucional y también del Ministerio Público, porque finalmente son ellos quienes tienen que avanzar hacia la formalización”.

Sobre este último punto, sostiene que “falta una explicación por parte del Ministerio Público de qué ocurrió en esta investigación en Puerto Natales, sobre todo porque es de público conocimiento que la Fiscalía no ha estado funcionando bien en esa comuna, dado los sumarios y cuestionamientos a fiscales que tienen jefatura también”.

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