Dipres gana disputa judicial por millonario descuento a Municipalidad de Punta Arenas

Este 6 de enero, la Tercera Sala Constitucional de la Corte Suprema confirmó el rechazo del recurso de protección interpuesto por la Municipalidad de Punta Arenas en contra de la Dirección de Presupuestos (Dipres) por una resolución emitida por este organismo, que busca descontar más de $3.432 millones del Fondo Común Municipal a la comuna de Punta Arenas durante este año. Este descuento se aplicó como castigo por la firma de un convenio de mejoras salariales en el sector educación, suscrito en pleno proceso de traspaso de esta área al Slep.

A comienzos de este año el máximo tribunal ratificó la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones el 28 de mayo del año pasado. Esta sala está integrada por los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus, Diego Simpertigue y los abogados integrantes María Angélica Benavides y José Miguel Valdivia.

La Suprema legimitó el fallo de la Corte de Apelaciones, indicando que no existían fundamentos para calificar la acción como ilegal. Además, señaló que la discusión entre las partes se centra en una “disconformidad con la argumentación jurídica”. También se destacó que la municipalidad no solicitó la invalidación de la resolución de la Dipres, sino un “descuento menor al establecido, en razón de que, respecto de ciertos trabajadores, el pago de la asignación de zona le es oponible”. 

¿Qué pedía la municipalidad?

El 4 de abril del año pasado, la Dipres anunció el descuento de más de $3.500 millones del Fondo Común Municipal, de los cuales ya se habían descontado $105 millones. La Municipalidad de Punta Arenas presentó un recurso de protección y contrató al estudio de abogados del excontralor Ramiro Mendoza para su representación.

El centro de la discusión con la Dipres radicó en si los convenios firmados por la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) con los 572 asistentes de la educación, que aumentaban la asignación de zona al 40% en 2017, 2021 y 2022, con cargo al futuro administrador (el Servicio Local de Educación Magallanes), eran oponibles a la municipalidad o al Slep.

El Slep argumentó que los tres convenios deben ser pagados por la municipalidad, ya que desde 2021 existe una norma que prohíbe que los sostenedores de la educación negocien compromisos financieros con cargo al Slep.

La administración de Radonich señaló que sólo deberían hacerse cargo de los convenios suscritos con posterioridad al 1 de enero de 2021. Sin embargo, el abogado de la seremi de Educación refutó este argumento durante los alegatos, señalando que el convenio de 2017 tenía fecha de caducidad en 2021 y fue renovado por el municipio de Punta Arenas.

Determinar si los convenios eran oponibles o no era crucial, ya que si la justicia hubiera acogido la tesis de los abogados de la municipalidad, el descuento máximo a ejecutar habría sido de $512 millones. Además, se explicó que la asignación de zona con cargo al Slep, firmada después de 2021, corresponde a 177 funcionarios y no a los 572 asistentes considerados por la Dipres.

Descuento del 29% del Fondo Común Municipal pondría en riesgo funciones esenciales ejecutadas por el municipio

Aún se desconoce cuándo se concretará el primer descuento de la Dirección de Presupuestos (Dipres) al municipio de Punta Arenas. Lo único claro es que este proceso encuentra a la administración de Claudio Radonich en mejor situación financiera, ya que, de haberse ejecutado el año pasado, habría comprometido aún más las finanzas municipales, ya impactadas por las deudas contraídas durante el traspaso de la educación desde la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) al Servicio Local de Educación Pública de Magallanes (Slep).

Según el recurso de protección interpuesto por la Municipalidad en abril de 2024 para reducir el monto de este cobro, el descuento de $3.432 millones del Fondo Común Municipal afectaría múltiples áreas: recolección de residuos sólidos, administración del vertedero municipal, planes de contingencia comunal, reparación de alumbrado público, retiro de neumáticos y caballos de la vía pública, operativos caninos, mantención del Parque María Behety, adquisición de materiales para programas de emprendimiento local, actividades de promoción turística y mantención de semáforos municipales.

También se verían afectados otros programas como la Casa Azul del Arte, la farmacia comunal y los proyectos sociales “Te Cuida”, “Sonríe”, “Urgencia Dental”, “Optica Comunal” y “Te Espera”, que en conjunto suman más de $175 millones.

Este 2025, la Municipalidad de Punta Arenas recibirá $11.500 millones del Fondo Común Municipal, un aporte solidario alimentado por ingresos de comunas como Vitacura, Las Condes, Providencia y Santiago provenientes del pago de patentes comerciales. No obstante, el descuento de la Dipres representará una reducción del 29% de estos recursos.

En los próximos meses se espera una nueva resolución que defina el descuento exacto para 2025. “Desde la Dipres nos dijeron que estaban conscientes de que no podían cobrar dos años en uno”, aclaró Claudia Casas Karelovic, directora jurídica de la Municipalidad de Punta Arenas.

¿Un compromiso eterno?

En abril de 2024, la Dipres había anunciado que los descuentos se ejecutarían hasta diciembre de 2026, cuando vence el convenio firmado en 2021 con los asistentes de la educación. Sin embargo, una modificación legal establece que estos compromisos deberán ser pagados por la municipalidad hasta que se retire el último trabajador que firmó dicho acuerdo. “Fuimos a la Dipres y planteamos que esta deuda no puede ser eterna”, sentenció Casas Karelovic.