“Este año no sabemos cómo la Dipres va a calcular el monto del descuento”

La abogada Claudia Casas Karelovic, directora del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Punta Arenas, señaló que aún desconocen los antecedentes sobre cómo la Dirección de Presupuestos (Dipres) calculó el descuento de $3 mil 432 millones del Fondo Común Municipal. Alegó que no tienen el desglose detallado ni el listado de los asistentes de la educación beneficiados y sostuvo que es necesario revisar el origen de esta asignación de zona con cargo al Slep.

Casas, junto al alcalde Radonich, se reunió con la Dipres en diciembre pasado para aclarar hasta cuándo se ejecutará el descuento, cómo se aplicará y si este año deberán pagar las cuotas de 2024 y 2025. “Este año no sabemos cómo la Dipres va a calcular el monto”, expresó.

“Les explicamos la situación presupuestaria que enfrentamos”, detalló Casas, quien agregó que, tras el pago de la cuota 2024, la municipalidad quedará con poco más de $3 mil millones para ejecutar proyectos culturales, de seguridad y mejoras comunales que no cuentan con financiamiento de la Subdere ni del gobierno regional.

Casas explicó que el beneficio se negoció inicialmente en 2017 con un sindicato, pero, con el tiempo, surgió un segundo sindicato que exigió las mismas condiciones para los trabajadores incorporados entre ese año y 2021. Esto dio lugar al segundo convenio. El tercero se acordó durante una nueva negociación colectiva en la que el beneficio del 40% de asignación de zona no se pudo retirar, ya que “estas negociaciones no restan derechos adquiridos”, explicó Casas.

“Nuestra obligación es pagar sólo a los nuevos trabajadores que obtuvieron el beneficio en 2021 y 2022”, afirmó Casas, quien refutó la posición de la Dipres, que sostiene que el cobro debe aplicarse a más de 570 asistentes de la educación.

“El recurso no era idóneo para resolver esto. Significa que esto debe ir a un juicio ordinario”, añadió en referencia al fallo de la Corte Suprema que ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones. “Esto no es un capricho”, insistió, aclarando que la administración comunal actuó para “defender los recursos que benefician a los vecinos de Punta Arenas”.