Cortar el queque: hacia una nueva era de responsabilidad pública

Ayer, mientras veía las noticias sobre la realidad que atraviesa nuestro país -el caso de Carol Cariola y la filtración de sus chats con la exalcaldesa de Santiago, el Presidente Gabriel Boric citado a declarar por la casa de Allende, la senadora Allende firmando contratos con el Estado mientras sigue en funciones, el brutal asesinato a tiros de un matrimonio en Graneros, y la estremecedora grabación que circula en redes sociales-, no podía dejar de preguntarme:

¿Cómo hemos llegado a este punto?

Tras reflexionar, he concluido que existe una profunda desconexión entre la clase política, los partidos y la sociedad respecto a la gravedad de la situación. El gobierno lleva casi tres años manteniendo un Estado de Excepción en La Araucanía y el norte del país. Este mecanismo, por definición, debe ser temporal y específico; su prolongación indefinida erosiona la democracia y vulnera los derechos fundamentales de los habitantes de esas regiones.

Los problemas de terrorismo, delincuencia, inmigración ilegal y corrupción persisten porque quienes ostentan el poder se niegan a tomar decisiones contundentes. Nadie parece dispuesto a “Cortar el queque”: algunos por miedo, otros por convicciones ideológicas. Recuerdo a una alta autoridad de este gobierno admitiendo en una comisión que no ingresan a Temucuicui por temor a enfrentamientos. Esta declaración revela una mezcla de parálisis y principios mal entendidos. Si se aplicaran con firmeza la Constitución, las leyes y la fuerza legítima del Estado, la violencia podría controlarse en menos de un mes, con los responsables tras las rejas.

Sin embargo, nada de esto ocurre. La oposición, por su parte, no ejerce una crítica suficientemente enérgica y opta por negociar de manera inexplicable con el gobierno. Las autoridades, mandatadas para hacer cumplir la Constitución, mantener el orden público y resguardar las fronteras, han abandonado sus responsabilidades. Esta inacción, que se arrastra desde hace demasiado tiempo, ha llevado al país a un estado de descontrol evidente para todos.

En el ámbito económico, el endeudamiento ha alcanzado niveles irresponsables y extremos. Sólo la visionaria autonomía del Banco Central, que ha resistido las presiones de control estoicamente para imprimir más billetes, ha evitado una inflación aún más devastadora que podría haber conducido al colapso total del país.

Es innegable que las autoridades electas y los funcionarios públicos están obligados a cumplir la ley. Quienes no lo hagan deben enfrentar sanciones ejemplares por violar el juramento de respetar la Constitución. Sin embargo, hoy vemos con claridad que esto no está ocurriendo, y todos somos testigos de esa omisión.

Por ello, propongo un proyecto de reforma constitucional que establezca sanciones inmediatas y ejemplificadoras para las autoridades que incumplan su deber y su juramento de hacer respetar las normas del país. Estas normas no pueden quedar al arbitrio del miedo de unos ni de las convicciones de otros; la Constitución y las leyes deben aplicarse sin titubeos ni excepciones.

Es hora de “cortar el queque” y avanzar hacia una nueva era de responsabilidad pública. El país no puede esperar más.