Suspendido director del Slep acusa daño moral y demanda al Estado en $1.000 millones

El sumario administrativo abierto en su contra, lo que derivó en una suspensión de funciones como medida preventiva adoptada como una forma de proteger la investigación y el funcionamiento del órgano público, gatilló que el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (Slep) Magallanes, Mario García Martínez, optara por el camino judicial para zanjar el complejo escenario en que se encuentra envuelto, luego de que se le responsabilizara directamente del paro docente que tuvo a más 14 mil alumnos de la región sin clases por más de un mes.

En plena crisis educacional, tanto el Presidente Gabriel Boric como el jefe de la Dirección de Educación Pública, Rodrigo Egaña, lo sindicaron como culpable de la rebelión docente en Magallanes. El Mandatario fue lapidario al sostener que: “Tengo una muy mala evaluación de Mario García”, mientras que el segundo personero afirmó que “a fines de 2024 el director ejecutivo del Slep de forma irresponsable y sin tener competencias para ello, propuso unilateralmente una oferta de aumento salarial, carente de respaldo legal y financiero”.

Los profesores de Magallanes demandaban un reajuste salarial inmediato a través del artículo 47 del Estatuto Docente, con una bonificación de incentivo profesional, además de un aumento del valor hora, de $18 mil a 25 mil pesos, un compromiso que aparentemente habría asumido gestionar ante el nivel central el director del Slep en Magallanes.

Una vez estallado el conflicto, el 6 de marzo Mario García se acogió a una licencia médica por 14 días, la que enseguida renovó por otro periodo de tiempo similar. Cuando quiso retomar sus funciones a inicios de abril, se encontró que el fiscal interno que lleva adelante el sumario administrativo, con fecha 3 de abril, lo notificó de la suspensión del cargo, como coletazo del proceso abierto en su contra por “mala gestión”.

Actuación judicial

Sobre la marcha, hace cuatro semanas, García Martínez, con el patrocinio de un estudio de abogados de la ciudad de Linares, entabló una demanda laboral, donde postula una indemnización por concepto de daño moral que calcula en 1.000 millones de pesos, referido al perjuicio no patrimonial que un trabajador sufre a causa de actos u omisiones del empleador que vulneran sus derechos fundamentales o causan un sufrimiento psicológico.

Así se pudo conocer en los últimos días cuando tanto el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como el titular de la Dirección de Educación Pública, Rodrigo Egaña, fueron notificados en sus respectivas oficinas en la capital, vía correo electrónico, de la acción judicial emprendida por el funcionario que en estos momentos enfrenta una separación temporal del empleo.

La demanda por tutela laboral es un proceso legal que busca proteger y reparar los derechos fundamentales de un trabajador que han sido vulnerados por su empleador.

En la causa radicada en el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas se persigue el pago de prestaciones laborales por 7 millones de pesos; una indemnización por término anticipado de contrato, por 85 millones de pesos, y una compensación económica por la suma de 1.000 millones de pesos a título de daño moral.

La Prensa Austral tomó contacto con la abogada patrocinante de la demanda, Dámaris Ormeño Parada, pero no tuvimos respuesta.

Su nombramiento

El viernes 3 de junio de 2022, tras el respectivo concurso de Alta Dirección Pública, el Presidente Gabriel Boric, nombró al profesor Mario García Martínez, como nuevo director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (Slep), de Magallanes.

Mario García es profesor de Educación Básica de la Universidad Arturo Prat y magíster en Educación y en Política y Gestión Educacional de las universidades de La República y Talca, respectivamente. Realizó además un bachillerato en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Italia.

El profesional ha ejercido diversos cargos a nivel municipal, entre ellos, jefe UTP de la Municipalidad de Longaví y coordinador administrativo y jefe de la Daem en la Municipalidad de Parral. A este último cargo accedió en 2015, también por concurso de Alta Dirección Pública.

El concurso en Magallanes se inició en noviembre de 2021, con la publicación de la convocatoria en diarios de circulación nacional y regional y en el sitio web del Servicio Civil. Se recibieron 195 postulaciones. El Consejo de Alta Dirección Pública, tras las evaluaciones correspondientes, entrevistó a diez candidatos y elaboró la nómina, que envió al Comité Directivo Local del Slep Magallanes. Esta instancia seleccionó una terna de postulantes finalistas, cuyos nombres remitió en abril de 2022 al Primer Mandatario para que efectuara el nombramiento correspondiente.