Crisis en el Gore Magallanes: demoras en auditorías y cargo clave sin nombramiento por cinco años

Lucas Ulloa Intveen
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El 2023 fue un año complejo para el gobierno regional de Magallanes. Desde el Consejo Regional se levantaron dudas sobre las asignaciones directas realizadas por el gobernador Jorge Flies, tema que llevaron a la mesa de sesiones en reiteradas ocasiones y donde se discutió la necesidad de fiscalizar la situación. Al respecto fueron aprobadas dos mociones de auditorías, en julio y en agosto del año referido. No obstante, hasta la fecha no se conocen resultados de aquello y los consejeros cuestionan la transparencia de la institución.

La primera auditoría solicitada apuntaba a responder tres preguntas: ¿Se ajustó el Gore a los procedimientos y normativa establecida para adjudicar las iniciativas seleccionadas y los convenios celebrados en los periodos auditados?¿Cuenta el gobierno regional con mecanismos efectivos de control que le permitan asegurar la correcta ejecución de las iniciativas adjudicadas y de los convenios celebrados? ¿Verificó el Gore la correcta ejecución de las iniciativas de asignación directa adjudicadas durante los periodos auditados y respecto de los convenios celebrados?

La auditoría interna fue sancionada el 17 de julio de 2023 y refiere a las iniciativas financiadas con recursos del 6, 7 y 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), específicamente asignaciones directas otorgadas por el órgano ejecutivo del Gore, en todas las líneas de financiamiento durante tres periodos. Del 1 de enero de 2021 al 13 de julio del mismo año, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y la administración regional de la exintendenta Jennifer Rojas; del 14 de julio de 2021 al 10 de marzo del mismo año, y del 11 de marzo de 2022 al 30 de junio de 2023, ambos bajo la Presidencia de Gabriel Boric y la administración local del gobernador Jorge Flies.

El contexto de esta auditoría era el caso ProCultura, aunque hasta la fecha no ha habido respuesta a los consejeros regionales. “Solicité un oficio al gobierno regional, en particular al gobernador, para que señale cual es el estado de dicha auditoría y la verdad es que no tenemos respuesta. Eso todavía no ha sido respondido por el Gore y es muy preocupante”, sostuvo el consejero Rodolfo Arecheta. Para el abogado lo que se vive en el gobierno regional es una crisis que pasa por “cómo está funcionando en términos jurídicos y la falta de control”.

Sobre esta misma auditoría, el exconsejero Alejandro Riquelme señaló en sesión que a su parecer “sí hubo irregularidades, a mi parecer sí hubo incumplimientos de resoluciones que usted mismo firmó señor gobernador, especialmente con una Fundación que hoy está altamente cuestionada”.

Desde la unidad de Comunicaciones del Gore Magallanes se limitaron a señalar que la auditoría interna en cuestión se encontraría en etapa de preinforme.

Auditoría de
Fortunato y Asociados

La auditoría externa fue sancionada el 14 de agosto de 2023, para evaluar la ejecución presupuestaria y el estado de la situación financiera del gobierno regional. Tanto esta como la anterior fueron aprobadas por el Consejo Regional como acuerdos de fiscalización al órgano ejecutivo del gobierno regional. 

En un oficio enviado por el jefe de la División de Administración y Finanzas, Diego Sierpre, al gobernador regional, fechado el 23 de abril de 2025, expone los pasos que ha dado la “Contratación de Auditoría Externa Gore Magallanes”. Recién el 24 de octubre de 2024, es decir más de un año después de sancionada la moción, fue publicada en el portal de Mercado Público. La adjudicación se registra el 22 de enero del año en curso. Se firma el contrato el 6 de marzo y la orden de compra fue finalmente aceptada el 2 de abril de 2025.

La empresa adjudicada fue “Fortunato y Asociados Ltda”, la cual indicaron que “se encuentra realizando los ajustes técnicos para dar inicio al proceso de auditoría externa”. Además se agrega que el contrato entra en vigencia desde la total tramitación del acto administrativo, aprobado bajo resolución exenta el 28 de marzo de 2024, con una duración de 160 días corridos desde la entrada en vigencia del contrato. El monto de la auditoría es de $19.500.000.

¿Control interno?

Las auditorías internas son solicitadas al jefe de la Unidad de Control del Gobierno Regional, cargo que lleva ya 5 años sin ser nombrado, situación que preocupa a los consejeros. “No es opcional para el gobernador nombrar esta unidad y lleva 5 años sin nombrarlas. Se dice que hay un concurso, pero la verdad es que ya había habido un concurso y el gobernador decidió no nombrar a la persona que tenía que llenar esta función”, plantea el abogado y consejero Rodolfo Arecheta.

Oficios respondidos fuera de plazo o simplemente sin contestar, facultades de la auditoría interna que no son respetadas, ya que no entregan resultados, o una auditoría externa solicitada hace cerca de dos años que aún no inicia, son algunas de las problemáticas internas que enfrenta el gobierno regional de Magallanes de manera silenciosa. “El gobierno regional a los consejeros regionales nos ha privado de varias de las atribuciones que tenemos al no dar cumplimiento a la ley”, complementa Arecheta.

En la última sesión del Consejo Regional, llevada a cabo el 21 de abril de este año, el consejero Robert Weissohn relevó la necesidad de garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y la adecuada administración del Gore. En esa línea solicitó “se inicie de manera inmediata el procedimiento de fiscalización de la omisión en el nombramiento del jefe de la Unidad de Control a fin de esclarecer las razones y responsabilidades que han impedido la designación, conforme lo establecido en la ley”.

Además Weissohn solicitó informar de los antecedentes y fundamentos que motivaron la demora en el nombramiento del cargo, así como los plazos concretos para regularizar esta situación.