Libertad de prensa amenazada

Un grupo de senadores presentó un proyecto de ley para castigar las “filtraciones”. Su propuesta es severa:  “El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Esta sanción se extenderá… a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación o, incluso, al hecho de estarse realizando ésta”.

El punto debatible del proyecto, es que incluye a todos los profesionales de la comunicación. No considera que la libertad de prensa y de expresión contempla el derecho pleno de la información. Es decir, no se puede criminalizar a un profesional por dar a conocer una información que considera relevante sin importar cómo la obtuvo.

Este es un tema que en Chile creíamos garantizado tras el fin de la dictadura. La libertad de expresión y de prensa es parte fundamental de la vida en democracia.  Pero también es una realidad que en este 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa según la Unesco, esta libertad está en peligro.

Desde el Observatorio del Derecho a la Comunicación que preside Javier García García, se expresó que el año 2024 se caracterizó por un “uso abusivo de herramientas legales para silenciar a la prensa”, que estuvieron mayoritariamente dirigidos a editores y editoras de medios independientes y fueron impulsados por personas vinculadas a la derecha. Según esta ONG, un total de 128 periodistas, el 63% de los cuales eran hombres y el 37%, mujeres, fueron víctimas de vulneraciones contra la prensa.

Hay muchos ejemplos en todo el mundo, pero el más cercano viene de Estados Unidos. El Presidente Donald Trump ha expresado incansablemente su rechazo a los medios que no le son incondicionales. Lo demostró la semana pasada al sostener que su equipo legal “examina atentamente” posibles acciones contra el New York Times, que en su opinión podría ser responsable “de interferencia ilícita, incluso en elecciones”. En su plataforma Truth Social, calificó su comportamiento de “probablemente ilegal… Es vital que estos mentirosos y estafadores rindan cuentas”.

El origen de su enojo está en una demanda que presentó en noviembre del año pasado contra CBS, exigiendo una indemnización de 10 mil millones de dólares por la entrevista en “60 Minutos” con la entonces vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

En la demanda su asesor legal alegó que la entrevista y la programación asociada constituyeron “actos partidistas e ilegales de interferencia electoral y electoral” destinados a “engañar al público e intentar inclinar la balanza” de las elecciones presidenciales a su favor.

El miércoles pasado, Trump sostuvo en su red Truth Social que “el caso que tenemos contra 60 Minutes, CBS y Paramount es un verdadero GANADOR. Engañaron y defraudaron al pueblo americano en niveles nunca vistos antes en la arena política”.

La réplica no se hizo esperar: 

 “El New York Times no se dejará intimidar por las tácticas intimidatorias de la administración…  Seguiremos investigando los hechos sin temor ni favoritismo y defenderemos el derecho de los periodistas, amparado por la Primera Enmienda, a hacer preguntas en nombre del pueblo estadounidense”.