Consejero regional exige contratación de auditoría externa a la gestión de Flies

Los posibles errores administrativos en la ejecución de los fondos concursables del 8%, las eventuales irregularidades en las licitaciones ejecutadas por la División de Infraestructura y Transporte, los problemas de ejecución presupuestaria registrados el año pasado, y los coletazos del caso ProCultura en el interior de la administración de Jorge Flies, son algunas de las dudas que el consejero regional Rodolfo Arecheta (Evópoli) busca esclarecer mediante la solicitud de una auditoría externa a la gestión del gobernador regional.

Este requerimiento está condicionado a la aprobación del Consejo Regional, votación que se llevará a cabo el próximo lunes. Para que la propuesta sea aceptada, se requiere el respaldo de al menos ocho de los catorce consejeros regionales. Actualmente, la oposición al gobierno de Flies cuenta con seis votos, por lo que al menos dos consejeros oficialistas deberán respaldar la iniciativa para que prospere.

La última vez que se solicitó este tipo de auditoría fue en 2023, respecto de los años 2022 y 2023, sin que hasta ahora se haya entregado el informe correspondiente.

Complejo inicio de año

Desde su ajustado triunfo en primera vuelta -en la que estuvo a sólo 800 votos de medirse en una segunda contienda con el republicano Alejandro Riquelme- , Jorge Flies ha enfrentado una serie de dificultades en su gestión.

A fines del año pasado, anunció que en 2025 no se abriría una nueva convocatoria para el concurso del 8%, ya que los fondos no se alcanzaron a ejecutar y quedaron como arrastre para este año. Según Flies, esto se debió a los requisitos más estrictos establecidos en la Ley de Presupuesto elaborada tras el Caso Convenios, entre ellos: antigüedad mínima de dos años, experiencia en administración de fondos públicos, prohibición de subcontratar, boleta de garantía y entrega de recursos en dos cuotas. Estas exigencias, afirmó, impidieron la ejecución de gran parte del financiamiento correspondiente a 2024.

El gobernador responsabilizó al exjefe de la División de Administración y Finanzas, Jorge Altamirano, de la lentitud en la ejecución de dichos fondos.

A esto se sumó el retraso en las visaciones de proyectos aprobados por el Consejo Regional, a cargo de la Dirección de Presupuestos (Dipres), lo que provocó demoras en la ejecución presupuestaria. Además, un error de cálculo por parte de la Dipres significó un recorte de más de $7 mil millones del presupuesto regional.

En abril, surgió otro conflicto cuando el Consejo Regional envió un oficio solicitando la suspensión del proceso de revisión del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, debido a la omisión del segundo proceso de participación ciudadana, obligatorio según el decreto que habilita a los gobiernos regionales de zonas extremas para formular este tipo de planes. Esto obligó a retirar el documento y reiniciar el proceso.

El 24 de abril pasado estalló una nueva polémica con la renuncia del jefe de la División de Infraestructura y Transporte, Ricardo Foretich, tras ser denunciado ante el Ministerio Público por presunta falsificación de instrumento público en una licitación.

Todo esto ocurre en medio de las investigaciones vinculadas al caso ProCultura, donde el gobierno regional de Magallanes está siendo indagado por la firma de dos convenios con la fundación creada por Alberto Larraín. A raíz de este caso, el Gore fue allanado, los teléfonos del gobernador Flies y otros funcionarios fueron incautados, y una veintena de personas fue citada a declarar a finales del año pasado.