La ley que salda una deuda con la infancia

Hace una semana se cumplieron dos años desde que entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, conocida -no sin cierta ironía- como la Ley “Papito Corazón”. Pocas veces una normativa ha logrado mover tantos recursos, generar tan alto impacto institucional y, al mismo tiempo, encarnar con tanta claridad el sentido de justicia social. Porque ésta no es sólo una ley que habilita pagos. Es una legislación que pone al fin en el centro a quienes durante demasiado tiempo fueron invisibles en los conflictos judiciales por alimentos: los niños, niñas y adolescentes.

En Magallanes, los datos hablan con claridad. Más de 2.400 personas figuran hoy en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el 93% de ellas hombres. Cerca de 3.000 niños y adolescentes siguen esperando los recursos que por derecho les pertenecen. Pero gracias a esta ley, el sistema ya no depende exclusivamente de la voluntad del deudor, pues ahora existen mecanismos para acceder directamente a sus cuentas bancarias, fondos previsionales o instrumentos financieros. El resultado en nuestra región es elocuente: los tribunales de Familia han ordenado el pago de más de $7.700 millones.

Este avance no es menor. Durante años, las madres -porque casi siempre son ellas-enfrentaron procesos judiciales desgastantes, lentos, burocráticos y frustrantes. La nueva ley, como relató una usuaria magallánica, transformó un camino lleno de trabas en un proceso eficiente, donde en apenas semanas se puede lograr lo que antes tomaba años y muchas veces quedaba impune.

Pero esta transformación también ha significado una exigencia al Estado. Por ejemplo, se han debido reforzar los Tribunales de Familia, implementar nueva tecnología y contratar más funcionarios. Porque cuando el acceso a la justicia deja de ser simbólico y se vuelve efectivo, la institucionalidad tiene que estar a la altura. 

La ley también deja al descubierto una verdad incómoda: la irresponsabilidad parental ha sido histórica, estructural y normalizada por décadas. Que a nivel nacional se hayan movilizado 2,5 billones de pesos en pensiones impagas da cuenta de una injusticia extendida, muchas veces minimizada. En nuestra región, el monto recuperado equivale a más de seis veces el convenio de programación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Gobierno Regional. ¿Cuántas infancias han sido precarizadas por el abandono económico de quienes debían hacerse cargo?

Esta ley ha corregido parte de esa omisión y ha marcado un antes y un después. Ya no se trata de apelar al sentido moral de los progenitores, sino de garantizar que el derecho de los niños a una vida digna prevalezca por sobre cualquier excusa. Y aunque queda camino por recorrer, Magallanes puede dar testimonio de que cuando hay voluntad política y herramientas eficaces, la justicia sí puede llegar a tiempo y, por supuesto, quedarse.