Fiscalía deberá investigar las 28 querellas en contra de 5.980 funcionarios públicos que salieron de Magallanes estando con licencia médica

• El querellante sostuvo que los antecedentes revelados por la Contraloría General
  el 20 de mayo de 2025 causaron “estupor, indignación y conmoción en la ciudadanía”.

Edmundo Rosinelli
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Un total de 28 querellas criminales presentó en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas el abogado Robinson Quelín Alvarez por fraude al fisco. Una de estas es en contra de las 5.980 personas que salieron de la Región de Magallanes estando con licencia médica. 

El sustento de las presentaciones es en virtud de los antecedentes que entregó la Contraloría General. Y en tal sentido pide la aplicación de las penas establecidas en el Código Penal en relación al artículo 509 del Código del Trabajo.

Quelín dijo que la primera querella fue en contra de los funcionarios públicos que salieron de la región estando con licencia médica.

Las restantes que interpuso su estudio jurídico están dirigidas en contra de cada uno de los servicios o empresas públicas, directores regionales o gerentes, “y respecto de las personas que están involucradas en las licencias fraudulentas”.

Motivación

Consultado por la motivación que lo llevaron a interponer estas querellas, respondió que esto dice relación con la trayectoria que su estudio jurídico ha tenido en el ámbito del derecho a la salud.

“Desde hace muchos años nos hemos dedicado a tramitar causas en la Corte de Apelaciones en contra de isapres por el alza de los planes de salud, por el Ges o rechazo de licencias médicas. Porque hemos conocido casos de personas que el Compin les rechaza las licencias sin fundamentos. La Corte ha tenido un criterio bastante pobre en sus fallos al momento de resolver esos recursos. Prácticamente todos los ha tenido que resolver la Corte Suprema. Entonces, el motivo dice relación con la experiencia laboral de 15 años trabajando en esas áreas. Y entiendo que nuestra oficina fue la primera en interponer un recurso de protección en contra del alza injustificada de las isapres”.

Además que las querellas que interpuso se inserta en uno de los pocos casos que el Código Procesal Penal permite que cualquier persona pueda querellarse en contra de funcionarios públicos que hayan cometido delitos relacionados con fraude al fisco. Generando lo que se conoce como “legitimación activa”.

“Este tipo de querellas tiene como finalidad que cualquier ciudadano pida que se investigue la responsabilidad del funcionario público”, señaló.

Son poquísimos los casos en que la legislación permite que cualquier ciudadano, a través de un abogado, presente una querella. Este es uno de ellos, cuando eventualmente funcionarios públicos hayan cometido fraude al fisco.

Por eso el tribunal declaró admisible todas las querellas, que ya están en manos del Ministerio Público para que las investigue y determine las eventuales responsabilidades y se inicien las investigaciones penales correspondientes.

Dice que “esto servirá para despejar y determinar que no todos los funcionarios públicos cometen fraude como se ha tratado de hacer aparecer”.

Poca credibilidad

“La querella la interpusimos por la poca credibilidad en el sistema de los sumarios administrativos. Sinceramente la comunidad no cree en ellos. Es difícil que un compañero de trabajo, actuando como fiscal, lleve un sumario y determine una sanción. Eso en la realidad no sucede. Por lo tanto en buen chileno es un saludo a la bandera”, opinó Quelín.

“Por eso interpusimos querellas por cada uno de los servicios involucrados, como Enap, BancoEstado empresas públicas y diferentes servicios”.

Querella funcionarios

Respecto a la querella en contra de los miles de funcionarios públicos, explicó que los antecedentes revelados por la Contraloría General el 20 de mayo de 2025 causaron “estupor, indignación y conmoción en la ciudadanía”.

A su juicio esto provoca una afectación en el patrimonio fiscal puesto que genera un gran perjuicio para la población de la Región de Magallanes y para el país, “toda vez que los desembolsos realizados con el pago de los subsidios de incapacidad laboral, precisamente corresponden mayoritariamente al erario nacional de Fonasa, dineros que podrían haber sido destinados de forma legal, regular y de acuerdo a la Constitución y la ley, al querellante, su familia, y todos los ciudadanos y habitantes de nuestro país, para el financiamiento de las políticas públicas en áreas tan sensibles como en el sector salud pública, que también es un hecho público y notorio acerca de las carencias graves que existen en todo el territorio”.

Los servicios públicos querellados

De acuerdo a las querellas que el abogado Robinson Quelín presentó en contra de servicios y empresas públicas, y que fueron declaradas admisibles, los organismos serían los siguientes:

– Sernameg

– Servicio Médico Legal

– Fundación Integra

– Junta Nacional de Jardines Infantiles

– Corporación de Asistencial Judicial

– Empresa Nacional del Petróleo

– Servicio Agrícola y Ganadero

– Corfo

– Municipalidad de Punta Arenas

– Corporación Municipal de Punta Arenas

– Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas (Senda)

– Gendarmería de Magallanes

– Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis

– Instituto Previsional Social, IPS

– Dirección de Bibliotecas y Archivos

– Indap

– Fonasa

– Contraloría Regional 

– Servicio Local de Educación Pública

– Instituto Nacional del Deporte

– Corporación Nacional Forestal

– Inspección Provincial del Trabajo

– BancoEstado