Cuenta Pública enmarcada por el “cantinfleo” institucional: urge recuperar la confianza y la fe pública

Este domingo el Presidente de la República realizará su última Cuenta Pública, enmarcado en una serie de escándalos al interior del Estado que evidencian -hoy más que nunca- la necesidad de poner fin a la tolerancia institucional frente a los abusos y la falta de control. Esta no es sólo una preocupación administrativa, sino una demanda ética urgente: recuperar la fe pública que tanto ha sido dañada por años de negligencia, complicidad y ausencia de consecuencias.

Por eso, valoro y felicito profundamente el trabajo que lleva a cabo la Contralora General de la República, Dorothy Pérez. Su nombramiento no sólo representa un hito por ser la primera mujer en asumir este cargo en la historia de Chile, sino también por la trayectoria y el carácter que ha demostrado en su vida profesional.

La contralora Pérez, conoce desde dentro el funcionamiento del Estado. Fue contralora regional de Valparaíso a los 31 años, ascendió por mérito, y enfrentó con integridad los intentos de marginarla, incluso cuando debió recurrir a la Corte Suprema para defender su cargo. Lo hizo con dignidad y firmeza. Su regreso y actual liderazgo, marcado por decisiones estructurales como la eliminación de jefaturas innecesarias y la creación de divisiones especializadas para combatir la corrupción, son un ejemplo de la transformación que Chile necesita.

Invité a mis colegas del Senado a respaldar no sólo su labor, sino también fortalecer la Contraloría en la discusión presupuestaria que se avecina. La fiscalización no puede quedar en el discurso: requiere recursos, autonomía y coraje institucional.

Porque lo que estamos viendo no son hechos aislados. La reciente revelación de que más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras hacían uso de licencias médicas no es un simple error administrativo, es una señal alarmante de un sistema sin control. A esto se suma el actuar de médicos que emiten licencias falsas, dañando la ética profesional y elevando injustificadamente los costos del sistema de salud, que todos los chilenos terminan pagando.

Y esto es solo la punta del iceberg. Medios de comunicación han documentado casos de funcionarios que declaran hasta 100 horas extras mensuales, recibiendo hasta dos millones de pesos adicionales al mes, y en algunos casos extremos, hasta 11 millones de pesos al año. Otra forma, disfrazada de legalidad, de defraudar al Estado.

Además, sigue pendiente una revisión seria y profunda de las licitaciones de asesorías y servicios externos, que deberían ser realizados por personal del Estado, pero que frecuentemente se externalizan sin justificación, debilitando la función pública.

Surge entonces una pregunta ineludible: ¿Qué sanciones enfrentarán quienes defraudaron al Estado? ¿Y qué consecuencias asumirán quienes, teniendo el deber de evitarlo, lo permitieron con su silencio o su inacción?

Mientras tanto, el ciudadano común sigue cargando con los costos de estos abusos, a través de sus impuestos. Impuestos que, por cierto, sólo pagan quienes operan en la formalidad. Y mientras la informalidad supera el 35%, se hace aún más evidente la desconexión entre el deber institucional y la vida real de millones de chilenos.

Los chilenos no pueden seguir tolerando este nivel de negligencia y falta de acción de las autoridades. Hay que tomar decisiones. Es urgente modernizar el Estado, implementar controles estrictos y aplicar sanciones ejemplares a quienes violen la ley… y también a quienes no la hacen cumplir.

Si no frenamos este “cantinfleo institucional”, corremos el riesgo de quebrar de forma irreversible la confianza en nuestras instituciones. Y sin confianza, no hay democracia sana ni bienestar posible.

Chile merece algo mejor. Y hoy, con una Contraloría decidida y valiente tenemos una oportunidad real de cambiar.