Acusan represalias por reclamar: familia de acogida denuncia que quieren quitarles a su “hijo” tras cuatro años de cuidado

Una familia de acogida decidió romper el silencio y visibilizar públicamente una serie de hechos que, según afirman, constituyen una vulneración de derechos, tanto hacia ellos como padres, como hacia el niño que han cuidado desde hace casi cuatro años. Su testimonio, cargado de dolor, frustración y lucha, expone una desconfianza en el programa “Mi Abogado”, dependiente del Ministerio de Justicia, y en los mecanismos institucionales destinados a proteger a la infancia.

Pedro Soto y Lorena Peña asumieron el rol de familia de acogida el 31 de diciembre de 2021. Desde entonces, han cuidado a un niño que hoy tiene cinco años y que ha pasado la mayor parte de su vida con ellos. El no sabe de familias de acogida y tampoco de biología, esa es sólo su familia, son sus papá y mamá. Han construido un vínculo cotidiano, afectivo y estable, que se refleja en la confianza y seguridad que el pequeño encuentra en ellos. 

“Nos reconoce como sus figuras de apego. Nosotros somos quienes lo acunamos cuando se enferma, quienes lo llevan al jardín, quienes celebramos su cumpleaños. Todo lo que hace un papá y una mamá, lo hacemos nosotros”, relatan.

En marzo de 2024, la familia planificó con anticipación un viaje a Perú, que el niño esperaba con ilusión. Le habían mostrado videos del país, le hablaron de la comida, de los lugares que conocerían. “Estaba muy entusiasmado con esa idea. Sabía que íbamos a viajar. Estaba feliz”, recuerdan. Para concretar el viaje, solicitaron la autorización correspondiente al Tribunal de Familia, a través del programa Mi Abogado, el cual debía gestionarlo mediante la curadora ad litem (figura legal designada por un juez para representar los intereses de una persona que no puede hacerlo por sí misma) asignada al caso. Sin embargo, al llegar al Aeropuerto Internacional de Santiago, la Policía de Investigaciones les impidió abordar el vuelo. La salida del país no estaba ejecutoriada.

“¿Qué respuesta se le da a un niño de tres años que no puede viajar porque alguien no hizo su trabajo?”, se preguntan. “El estaba muerto de sueño, tirado arriba de una maleta, mientras tratábamos de entender qué había pasado. No podíamos explicarle por qué no podía subir al avión que esperaba con tanta alegría”. Intentaron buscar ayuda llamando al número de emergencia entregado por la triada del programa. Nadie respondió. “¿Dónde estaba el equipo 24/7 que prometen?”, se cuestionan.

El daño no fue sólo económico, sino emocional. “Perdimos los pasajes, la estadía, pero sobre todo perdimos la ilusión del niño. El no entendía nada. Y nosotros, como adultos responsables, tratamos de resignificar su experiencia, de que igual pudiera disfrutar sus vacaciones”, explican dando cuenta de lo que implicó la situación. 

Lo más doloroso, narran, fue que ni la curadora ni el programa ofrecieron disculpas. Tampoco se preocuparon de saber cómo estaba el niño después del incidente. “Pasaron meses sin que nadie del programa preguntara por él. ¿Dónde quedó el interés superior del niño? ¿Dónde quedó la obligación de velar por su bienestar?”, se preguntan. A raíz de lo ocurrido, presentaron un reclamo formal, al que la institución respondió con una acusación de amenazas contra la abogada. “Nosotros sólo pedimos explicaciones. Hablamos con respeto. Lo que menos hicimos fue amenazar. Lo hicimos por él. Porque lo que se vulneró fue su derecho a viajar, a entretenerse, a tener experiencias significativas”.

La situación, lejos de mejorar, escaló. Según los padres después de su reclamo, la curadora ad litem comenzó a insistir en que el niño debía ser retirado de su hogar. “Ella pidió en reiteradas oportunidades que el niño se sacara de nuestra casa, que se fuera a otra familia de acogida, sabiendo de que el niño está excelentemente bien cuidado”, aseguran. Lo más contradictorio, añaden, es que esa misma profesional los había felicitado anteriormente por su tarea. “Ella sabía que nosotros estábamos en proceso de adoptarlo cuando él fuera susceptible de adopción. Pero, frente a eso, eligió proteger su trabajo”.

Afirman que lo vivido no puede interpretarse sino como una represalia institucional. “Lo que quieren lograr es sacarnos de la causa, que dejemos de ser familia de acogida de este niño, porque somos un problema para ellos”, sostienen Pedro y Lorena.

Salen al paso de una denuncia en su contra

En febrero de 2025, acudieron a una entrevista del programa Mi Abogado con el niño, con profesionales que él no conocía y se les impidió acompañarlo. “El niño nos miró. No entendía por qué no podía entrar con nosotros. Para él, fue violento. Lo que se rompió ahí fue su seguridad”, confiesan. Luego se enteraron de que se había dejado constancia de que ellos se opusieron a la visita. “Eso es falso”, enfatizan.

Semanas después, recibieron una medida cautelar que les prohíbe acercarse a las dependencias del programa por supuestas amenazas a seis funcionarios. “Es una mentira. Esa vez nos atendieron dos personas. Nos despedimos con besos. ¿Qué amenaza es esa? Lo que buscan es dejarnos como agresores, como delincuentes, cuando lo único que hicimos fue proteger al niño”, denuncian. Piden que se revisen las cámaras de seguridad, los registros de llamadas porque si llamaron a Carabineros, debió existir el registro. “No hay pruebas, porque nunca ocurrió”.

El intento por separarlos del niño ha sido sistemático. “Todo lo que hacen apunta a sacarnos de la vida de nuestro hijo de acogida. Pero no lo hacen abiertamente porque saben que están vulnerando derechos. Entonces inventan, acusan, distorsionan. Y todo porque un día dijimos: esto está mal, esto fue negligente”, plantean. Por ello, decidieron contratar un abogado particular, para tener voz en la causa. “Queremos que conste que lo hemos cuidado con amor, que él quiere quedarse con nosotros, y que queremos adoptarlo”.

Frente a eso, los papás han tenido que abordar la posibilidad de que se vaya con otra familia y él, de cinco años, que no sabe de biología, con pena, pregunta: “Me porté mal”. Esas palabras duelen en el corazón de sus padres, porque son familia más allá de la biología, aun así tratan de explicarlo con cariño, para que él no sienta la pena de ellos.

Con este testimonio, buscan visibilizar lo que ocurre y salir al paso de las denuncias en su contra y es que aseguran, que nunca pudieron defenderse. “Hay muchas familias de acogida que callan por miedo. Pero ya es hora de que se diga lo que pasa. Que se hable del maltrato institucional, del abandono, de la negligencia. Y, sobre todo, que se escuche a los niños”, concluyen.

Versión Programa
 Mi abogado

La Prensa Austral consultó la versión al Programa Mi Abogado y su respuesta fue la siguiente: “Desde 2019, el Programa Mi Abogado Magallanes representa administrativa y judicialmente a niños, niñas y adolescentes que se encuentren con la necesidad de una representación jurídica especializada e interdisciplinaria, con el fin de restituir sus derechos cuando estos han sido gravemente vulnerados. En virtud del interés superior de los niños, niñas y adolescentes que representamos, el Programa no puede entregar antecedentes de la causa, dado que la causa es reservada. Por último, son los tribunales de justicia quienes resuelven conforme a derecho los intereses contravenidos de las partes”.