Con licencia para capear

Durante las últimas semanas, un nuevo escándalo ha vuelto a golpear la ya debilitada confianza ciudadana en el aparato estatal: más de 25 mil funcionarios públicos fueron sorprendidos viajando al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. El hallazgo fue posible gracias a un simple cruce de bases de datos, algo que debería ser rutina en cualquier sistema mínimamente eficiente. Pero no lo fue hasta ahora. El mérito es de la actual contralora, Dorothy Pérez, cuya labor ha sacudido los cimientos de una institucionalidad que parecía cómoda en su letargo.

La actuación de Pérez no sólo es técnicamente impecable, sino que además ha devuelto algo muy escaso en estos tiempos: fe pública. Su gestión ha demostrado que, incluso en un aparato estatal anquilosado y muchas veces opaco, es posible hacer bien las cosas. Y no sólo bien: con rigor, valentía y sentido de urgencia. Si existiera un Premio Nacional a la Gestión Pública Proba y Eficiente, ella sería su primera merecida galardonada. Y si no existe, ya va siendo hora de crearlo.

Este problema, sin embargo, no es nuevo. En 1981, en mi primer trabajo como ingeniero civil en la Cap de Talcahuano (Huachipato), participé en una investigación sobre el uso excesivo de licencias médicas. En una empresa de capitales mixtos, con fuerte participación estatal, el ausentismo por licencias alcanzaba entre el 25% y 30% del personal. Para ponerlo en perspectiva: en una empresa privada, la tasa normal no supera el 2% ó 3%. Es decir, había un ausentismo diez veces superior a lo aceptable.

Recuerdo casos insólitos. Algunos trabajadores aprovechaban la licencia médica para atender negocios particulares, especialmente en época estival. Comenzamos a detectar patrones: los médicos que otorgaban estas licencias eran siempre los mismos, y en cantidades desproporcionadas. La Compin, el Servicio de Salud y el Colegio Médico de entonces parecían mirar hacia otro lado. No había fiscalización real. Nadie quería hacerse cargo.

Lo que hoy ha destapado la Contraloría ya se veía venir desde hace décadas. La diferencia es que ahora se cuenta con herramientas tecnológicas que permiten detectar este tipo de abusos con rapidez, pero, sobre todo, con voluntad política para actuar.

En el caso de Huachipato, una vez concluida la investigación, se tomaron medidas. Algunos responsables fueron sancionados y, como era de esperar, el mensaje fue claro: el ausentismo bajó significativamente. La señal fue contundente y efectiva. ¿Por qué no aplicar el mismo rigor hoy?

Lo que ha revelado la Contraloría no es simplemente una anécdota más de la picaresca nacional, sino una muestra del daño profundo que estas prácticas generan al sistema completo. No sólo hay pérdida de recursos; hay una erosión silenciosa, pero letal, de la ética pública.

Cuando un funcionario viaja al extranjero mientras está “enfermo”, no sólo engaña al sistema: desprestigia al Estado, ofende al ciudadano que paga impuestos, y debilita el contrato social sobre el que se sostiene nuestra democracia.

Es momento de ir más allá de la denuncia. Se necesita una reforma integral al sistema de licencias médicas. Fiscalización seria, sanciones ejemplares, y -por qué no- una revisión de la ética profesional de los médicos que participan en este tipo de maniobras. Si no enfrentamos esto ahora, lo que hoy parece un escándalo se convertirá en norma. Y cuando el abuso se normaliza, la corrupción florece.

Por eso, más que indignarnos, debemos actuar. Con inteligencia, con decisión y con una meta clara: recuperar la fe en lo público.