Reforma al Estado, algunos aportes

Sin perjuicio de aquello que ya he comentado en relación a que toda reforma del Estado requiere revisar, previamente, los fundamentos sociales de la gestión en nuestros días, es necesario asumir prontamente este desafío entendiendo que luego de este primer golpe de la Contraloría General de la República en relación al control de los deberes y obligaciones funcionarias se hará necesario enfrentar estructuralmente el problema.         

Asumiendo que existe claridad, en cuanto a un presupuesto ineludible para acceder a la administración pública en calidad de funcionario para desempeñar el servicio público, como lo es el conocimiento del principio de servicialidad del Estado, así como el conocimiento de las exigencias éticas y legales que se traducen en sus obligaciones y prohibiciones, cuestión que debe contar con una medición a priori y uniforme para cualquier repartición pública y municipal, es necesario atacar las debilidades evidentes de nuestro sistema público, considerando, a lo menos, las siguientes: 

Igualar la cancha. No todos los servicios y no todos los municipios cuentan con el mismo sistema de estructura y relación funcionaria. La necesidad de un estatuto único es evidente y necesaria, con mayor razón si los dos principales estatutos son, prácticamente, idénticos.

Lo anterior supone igualdad de estructura y planta mínima para responder a todas las exigencias que nuestro sistema impone: transparencia, sistema de compras, probidad en la gestión, entre otras. Así las cosas, no pueden existir reparticiones que carezcan de unidades tan importantes como la jurídica y de control interno.    

La especialización, lo que implica que no puede existir, como fue hasta ahora, un funcionario que no esté constantemente en capacitaciones y actualizaciones. Ya los tiempos exigen una mayor especialización en los temas propios de cada servicio y ello no se obtiene sólo con la experiencia práctica, siendo necesario un control y permanente evaluación en este sentido. 

La necesidad de establecer un sistema de juzgamiento administrativo interno, para la responsabilidad administrativa y externa, para las consecuencias respecto de terceros de dicha responsabilidad; me refiero a la necesidad de asegurar que los principios de imparcialidad y especialidad se concreten con fiscales y jueces con conocimiento técnico en los procedimientos y garantías funcionarias. Al respecto es ineludible la necesidad de contar con los Tribunales administrativos en el ámbito del Poder Judicial y considera la idea de fiscalías externas a la administración para la ejecución de los procedimientos de investigación administrativa.   

La modernización, especialización y establecimiento de un sistema objetivo de evaluación al desempeño funcionario que permita el correcto incentivo a los buenos funcionarios y la justa valoración para aquellos que no se encuentren a la altura y necesidades de los objetivos del servicio.  

El fortalecimiento de la unidad de sumarios e investigaciones administrativas de la Contraloría General y sus Unidades Regionales para resolver con prontitud y eficacia los problemas más complejos, de mayor gravedad, y que puedan generar una mayor afectación al sentido de la valoración de los servicios por parte de la ciudadanía.

Si no atendemos a una reforma de fondo y no sólo de número al Estado, difícilmente podremos reestablecer la honorabilidad de la función pública y su importancia para la ciudadanía.