Contraloría detecta 3.500 funcionarios con licencias médicas emitidas por médicos investigados por fraude

La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer hoy en su XIII Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC‑13) que al menos 3.500 funcionarios públicos están en la mira por haber presentado licencias médicas emanadas de médicos que actualmente están bajo investigación por presunto fraude.

El informe CIC‑13, que sigue el modelo de integración entre los registros de salud de la Superintendencia de Salud, la PDI y la base de datos de licencias médicas, detectó que estos médicos investigados habrían emitido permisos durante el período 2023‑2024 que, al parecer, fueron usados con fines irregulares.

Principales hallazgos del informe:

• 500 funcionarios afectados, según los datos del CIC‑13.
• Los médicos están siendo investigados por presuntos “vicios en la emisión” de las licencias, asociados a fraude.

Se incluyen licencias tanto de Fonasa como de Isapre, aunque el uso indebido se concentraría en sectores públicos.

Como medida inmediata, la Contraloría solicitó a las entidades empleadoras iniciar sumarios administrativos para determinar responsabilidades internas y, de ser necesario, reintegrar valores pagados indebidamente.

Además, la CGR remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para posibles acciones civiles y al Ministerio Público ante eventuales ilícitos penales.

La Contralora Dorothy Pérez, figura central en esta nueva fase de fiscalización, explicó que el objetivo es reforzar el control preventivo y mantener la transparencia en el gasto público. La institución espera que estos cruces de datos se vuelvan una práctica regular para proteger los recursos del Estado.

El CIC‑13 llega después del amplio escándalo expuesto en el CIC‑9 -en mayo de 2025-, donde se evidenció que más de 25.000 funcionarios viajaron al extranjero durante licencias médicas, lo cual derivó en cerca de 6.600 sumarios administrativos y 1.100 renuncias.

¿Qué sigue?

1. Las entidades públicas deberán reportar el estado de los sumarios dentro de 72 horas, con avances a informar en un plazo máximo de 30 días.
2. Se evaluará la devolución de dinero abonado en licencias irregulares.
3. La Contraloría instará a actualizar sistemas de control y a reforzar fiscalizaciones preventivas.
4. Según la Contralora Pérez, estos mecanismos serán de carácter permanente y sistemático.