Contaminar con sanciones menores

El reciente fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, que condenó a cuatro exejecutivos de Nova Austral por el delito reiterado de contaminación de aguas y entrega de información falsa a la autoridad, deja una sensación un tanto amarga.

Las penas impuestas -de 800 días de presidio con remisión condicional para los principales responsables, más multas equivalentes a poco más de un par de millones de pesos- parecen ínfimas frente al daño ambiental acreditado por el propio tribunal. Los condenados no pisarán la cárcel. No enfrentarán inhabilitaciones permanentes. No responderán con sanciones proporcionales a los efectos de sus actos.

Durante años, Nova Austral ocultó cifras de mortalidad masiva de salmones, alteró sistemas de información, engañó a la fiscalización ambiental y extendió la sobreproducción en áreas protegidas del Parque Nacional Alberto De Agostini, generando impactos graves y comprobados: suelos marinos degradados, eutrofización de las aguas, alteración del ecosistema bentónico y pérdida de biodiversidad. Se introdujeron incluso químicos al lecho marino, sin autorización, para encubrir los daños. Y, sin embargo, se resolvió que todo ello puede ser saldado con penas simbólicas y libertad asistida.

Un aspecto a considerar es que se contó con un voto en contra en la absolución por el delito de fraude de subvenciones. Igualmente, se tiene que sopesar que se rechazó la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado, aceptando la prescripción de la acción indemnizatoria.

En un país donde se discute cada día cómo enfrentar la crisis climática, cómo proteger los ecosistemas frágiles y cómo garantizar un desarrollo sustentable, este tipo de fallos nos enfrenta con una paradoja: cuando el delito afecta al medio ambiente, las consecuencias penales parecen desvanecerse. Se subentiende que el tribunal aplicó la legislación vigente y, por ello, no puede ser criticado. Entonces, se puede pensar que llegó la hora de revisar la normativa y de procurar que haya proporcionalidad entre el daño causado y la respuesta institucional. 

Magallanes ha apostado por un desarrollo sustentable, equilibrado con sus condiciones naturales únicas. Ello debe ser prioridad.

Lo riesgoso de este caso es que puede quedar la sanción en la ciudadanía que contaminar sale barato.