La seguridad también debe llegar al fin del mundo

El anuncio realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el inicio de los trámites para instalar su primera infraestructura institucional en Puerto Williams no es solo una noticia operativa. Es, ante todo, un gesto político y simbólico de primer orden. En un país marcado por desigualdades territoriales, donde el centralismo y la precariedad de servicios suelen ser parte del paisaje cotidiano en las zonas aisladas, la decisión de fortalecer la presencia policial en la capital de la provincia Antártica Chilena debe ser leída como una señal clara de que el Estado debe estar presente en todo el territorio, sin excepciones.

Durante años, la Avanzada de Migraciones y Policía Internacional ha funcionado desde una oficina prestada en la Delegación Presidencial Provincial. Allí, un reducido grupo de detectives ha cumplido un rol crucial, no solo en el control fronterizo y migratorio -clave en un punto geopolíticamente estratégico como Navarino-, sino también como único referente ante denuncias, atención a víctimas y apoyo a la comunidad. Todo ello en condiciones muchas veces limitadas, tanto en infraestructura como en personal.

El prefecto inspector Luis Orellana fue claro respecto del referido anuncio, en cuanto se trata de un paso necesario para reforzar la eficiencia investigativa, la coordinación interinstitucional y el vínculo con la ciudadanía. No es exagerado. En Puerto Williams confluyen rutas marítimas científicas, comerciales y turísticas de alta sensibilidad, con una alta circulación internacional, especialmente en temporada alta. También existen desafíos crecientes en cuanto a seguridad y prevención, frente a fenómenos globales como el tráfico ilícito, la explotación de recursos naturales o los delitos transnacionales.

Pero más allá del trabajo específico de la PDI, este anuncio debe ser entendido como la reafirmación del deber del Estado de estar presente allí donde la distancia, la geografía o el clima hacen más difícil ejercer ciudadanía. Ya lo demostró la instalación de la Fiscalía Local de Cabo de Hornos. Ahora, el paso que da la PDI puede y debe ser acompañado por otras instituciones: servicios sociales, salud especializada, justicia, protección civil y apoyo a las comunidades indígenas y rurales de la isla.

No se trata únicamente de levantar una infraestructura policial. Se trata de equilibrar el mapa de lo público, de entender que la soberanía no se ejerce con discursos ni hitos protocolares, sino con políticas sostenidas, con funcionarios presentes, con respuestas concretas a las necesidades locales. Puerto Williams no es una postal del fin del mundo: es una comunidad viva, activa y con derecho a todos los servicios que garantiza un Estado democrático.

La seguridad no puede seguir siendo una excepción en los bordes del país. Que la PDI inicie este proceso es una buena noticia. Pero no debe quedarse en una promesa o en una carpeta técnica. La presencia del Estado en zonas extremas no puede depender solo de la voluntad de ciertos funcionarios ni del ciclo presupuestario. Debe ser una política de largo plazo, interinstitucional, integrada y respetuosa del territorio.